MELILLA HOY contactó con el decano de los jueces, Fernando Portillo, para conocer su opinión y la visión que desde la judicatura se tiene en lo relativo a la polémica suscitada por el veredicto de “abuso sexual” emitido contra “La Manada”, descartándose el delito de agresión sexual. El decano transmitió la tristeza y la indignación de la judicatura por el linchamiento al que están siendo sometidos los magistrados, y criticó duramente la reacción de los responsables políticos, a quienes acusa de “subirse al carro” de la indignación popular para obtener rédito político, cuando la polémica brota de un aspecto “puramente técnico” y solamente podría haberse evitado si se hubiera reformado el Código Penal.
MELILLA HOY se puso ayer en contacto con el decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, para conocer su opinión acerca de la polémica suscitada a raíz del veredicto emitido por los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Navarra en relación con el caso de “La Manada”, veredicto en el que se condenó a los acusados a 9 años de prisión por un delito de abuso sexual, descartándose la agresión sexual.
Tras este veredicto, las iras del pueblo se han volcado contra los magistrados, quienes han encontrado también un poderoso enemigo dentro de las propias instituciones, puesto que diferentes responsables políticos han criticado públicamente la sentencia y han llegado a proponer que se controle e incluso se sancione a los magistrados.
El decano de los jueces, quien se mostró “triste” y “sorprendido” por el linchamiento al que se ha sometido a los jueces afirmó que “las sentencias se pueden criticar, de hecho es democráticamente saludable que se haga, lo que no es normal es el linchamiento personal que tanto estos magistrados como la judicatura estamos recibiendo a raíz de un tema que es puramente técnico y que nada tiene que ver con argumentos heteropatriarcales o con un machismo latente”. Portillo recordó que el tribunal ha “creído a pies juntillas” la versión ofrecida por la víctima, considerando probadas las acusaciones, y consideró que la polémica a raíz de la calificación de “abuso” en lugar de “violación” ha venido generándose más por un tema semántico que por la justicia o injusticia de la propia sentencia, toda vez que la condena (9 años) podría haber sido la misma e incluso inferior en el caso de que la calificación hubiera sido de agresión sexual (delito castigado con penas de entre 6 y 12 años).
Irresponsabilidad política
Si bien el decano afirmó que las sentencias están sujetas a la crítica, recordó que para ello existe el sistema de recurso. En esta línea, el decano volvió a defender la independencia judicial y consideró que los ciudadanos deberían apreciar el hecho de que los magistrados tengan independencia de criterio y no se dejen contaminar por la opinión pública o los juicios paralelos “en los que la gente ya ha emitido un veredicto de violación”.
Portillo destacó la profunda irresponsabilidad de los representantes políticos, “empezando por el Ministerio de Justicia, siguiendo por Margarita Robles y acabando por todos aquellos con responsabilidad institucional que se han querido subir al carro del ‘no es no’ como si el Tribunal no hubiera dado crédito a las palabras de la víctima”. El decano criticó que los políticos hayan atacado la sentencia “sin siquiera haberla leído” y que hayan dicho “burradas” como que hay que cambiar la Constitución -cuando el asunto se limita al Código Penal- o que hay que hacer un seguimiento o sancionar a los jueces, lo que supone una clara violación de la independencia judicial, “un sinsentido”.
“Se puede entender que el ciudadano no comprenda las sentencias, se puede comprender que no se compartan, pero lo que nos es de recibo es que los líderes políticos, aprovechando que la gente quiere sangre, obvien sus responsabilidades institucionales para subirse al carro” y así sacar rédito político, concluyó el decano de los jueces.
Reforma del Código Penal
Dado que los jueces se limitan a aplicar la ley, la polémica que ha suscitado esta sentencia se podría haber evitado si el Código Penal recogiera que cualquier tipo de acceso carnal (penetración) no consentido constituye agresión sexual, una violación, cosa que no es así. “El problema es que el Código Penal distingue, obliga a los jueces a distinguir entre diferentes tipos de ‘no consentimiento’, y establece calificaciones distintas en función de si ha habido violencia, intimidación o prevalimiento”. El decano trató de ilustrar sus palabras con un ejemplo: “si una mujer se encuentra desmayada en un portal y un sinvergüenza llega y la penetra, estaríamos ante una situación que sería calificada como abuso sexual, pese a que nadie duda a la hora de entenderla como una violación”. Esta diferencia entre la percepción social y la calificación jurídica es lo que debería motivar un necesario cambio del Código Penal, “en mi particular opinión, el término ‘violación’ debería referirse a todos aquellos casos en que una persona tiene acceso carnal sin contar con la voluntad de la otra persona, independientemente del motivo por el que no ha obtenido dicho consentimiento”, concluyó el decano de los jueces en Melilla.
