El grupo de Coalición por Melilla (CPM) demanda al Gobierno de la Ciudad Autónoma la elaboración de un reglamento específico contra el ejercicio de la prostitución en las calles melillenses que incluya, como medida disuasoria, la imposición de multas a quienes demanden este tipo de servicios y que, por el contrario, promueva acciones e itinerarios de inserción que permitan a las mujeres abandonar una profesión "que desde el punto de vista de los derechos humanos y los de la mujer, es totalmente denigrante", según señalan. La diputada de CPM Dunia Almansouri ha anunciado que su grupo volverá a demandar al Gobierno melillense la elaboración de un reglamento concreto dedicado a la prostitución en las calles de Melilla, "no tanto desde el punto de vista de estigmatizar y criminalizar a la persona que la ejerce, sino desde un punto de vista inclusivo para poder insertarlas en la sociedad sin que se tengan que ver obligadas a ejercer una profesión que desde cualquier punto de vista, tanto desde los Derechos Humanos y los de la mujer, resulta denigrante".
Esclavitud
Entiende que la prostitución es "una forma de esclavitud consentida, y nos preocupa la situación de vulnerabilidad de las mujeres" que la ejercen, de ahí la necesidad de ese reglamento que "prohíba taxativamente" su práctica en la ciudad. Pero señala que la respuesta del Gobierno local no ha sido todo lo contundente que se debiera.
De hecho explicó que en el Reglamento para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en Melilla, se ha incluido un artículo, el 36, que en relación a este tema indica que "estas prácticas sexuales y el ejercicio de la prostitución afectan a la convivencia ciudadana, por cuanto se realicen en espacios situados a menos de 200 metros de centros escolares, parques infantiles, zonas residenciales o cualquier lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales".
La diputada cepemista considera que este reglamento viene a señalar que mientras la prostitución se ejerza donde no se vea, "no pasa nada", cuando según diversos estudios abocar la prostitución al extrarradio, “lo que pasa es que puede haber más abuso sobre las mujeres". También indica que hay estudios que proponen, como medida disuasoria, multar al que demanda estos servicios.
Considera "vergonzosa" la forma de atajar este asunto por parte de la Ciudad Autónoma, al limitarse a incluir un artículo en el reglamento de Convivencia y especificando que los agentes del orden se dediquen sólo a indicar tanto a la persona que ejerce la prostitución como al cliente, que "no está bien lo que hacen".
Inserción
Manifiesta Almansouri que tras las movilizaciones del 8 de marzo y la sentencia "tan denigrante" de La Manada, "es el momento de actuar". "Estamos en una coyuntura en la que los derechos de las mujeres se ponen encima de las mesas y se demanda una igualdad real entre hombres y mujeres, y el que se siga ejerciendo la prostitución mientras las autoridades miran hacia otro lado, no es un signo de buscar que las mujeres sean libres", afirmó.
Pero CPM va más allá y pretende que ese reglamento específico contra la prostitución, incluyan acciones que favorezcan la inserción de aquellas que se ven abocadas a ejercer este oficio, que son "personas en riesgo de exclusión social, con falta de formación, sin trabajo, ni recursos, de ahí que pidamos itinerarios formativos y de inserción social para ellas como los hay para otros colectivos, como el de ex toxicómanos".
Piden "cordura" al consejero Ventura
La diputada de CPM agradeció el gesto de la Comandancia General de haber cedido 40 colchones al centro de menores de la Purísima, pero señala que es el Gobierno local el que debe atender estas necesidades para "evitar que haya niños durmiendo en el suelo", en especial cuando se ha adjudicado el nuevo contrato de gestión del centro por un volumen de 8,7 millones de euros. "Teniendo en cuenta la situación de Purísima y su capacidad física, creemos que sigue siendo insuficiente 40 camas y volvemos a apelar a la cordura y responsabilidad del consejero de Bienestar Social para que dé solución a estos problemas de sobreocupación y si es necesario, buscar alojamientos alternativos", apostilló.
En relación a este asunto, indicó que la Ley de Protección del Menor establece que "más que un centro masificado como el que tenemos, se recomienda que sean centros o pisos de no más de 10 menores, porque así se podrá realizar mejor los acogidos como personas", indicó.
