Tras la reunión mantenida con la Delegación del Gobierno y los profesores de enseñanza islámica, en el marco de cooperación acordado en las reuniones mantenidas con el resto de asociaciones musulmanas, y a fin de dar efectividad a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la Constitución, así como en las leyes que garantizan a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica, se ha determinado que la enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España, con la conformidad de la Federación a que pertenezcan. Las comunidades religiosas islámicas procurarán, a la hora de elegir los profesores, que estén dotados de conocimientos suficientes de las materias objeto de impartir en los niveles de educación infantil, educación primaria y educación secundaria.
Conforme a lo establecido, desde la CIM comunican a las entidades religiosas la existencia de una vacante para profesor de enseñanza islámica, para lo que invitan a quienes estuvieran interesados, con el fin llevar a cabo un proceso de selección transparente, a que presenten sus candidaturas.
Los requisitos para optar a la mencionada plaza son: Poseer titulación académica igual o equivalente a la exigida para la educación infantil, primaria o secundaria; no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa; reunir los requisitos relativos a poseer nacionalidad española o comunitaria, u otra con residencia legal y autorización de trabajo; no haber sido separado mediante expediente disciplinario de cualquiera de las Administraciones públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas; no estar afectado por incompatibilidad o tener concedida la necesaria autorización de compatibilidad; no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.
