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Bussian se preguntó si se está dando un supuesto caso de tráfico de influencias por el gasto de “miles de euros” en contrataciones a empresas administradas por familiares del Gobierno local
Bussian se preguntó si se está dando un supuesto caso de tráfico de influencias por el gasto de “miles de euros” en contrataciones a empresas administradas por familiares del Gobierno local

CPM se querella contra el Gobierno local por la gestión de las facturas

Bussian avanzó que CPM presentará una querella administrativa contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, y posible fraccionamiento de contratos

miércoles 20 de junio de 2018, 04:00h
Coalición por Melilla (CPM) anunció ayer que presentará una querella administrativa contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma por supuestos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos, y posible fraccionamiento de contratos, debido a la gestión que realiza de las facturas.
En rueda de prensa, el diputado de CPM Rachid Bussian argumentó esta denuncia tras la celebración la semana pasada de un pleno de la Asamblea en el que se aprobó un reconocimiento extrajudicial de 1,6 millones de euros para el pago de facturas pendientes.
Aunque Bussian dejó claro que su partido comparte que hay que pagar a los proveedores, expresó sus dudas por muchas de estas facturas pendientes, ya que hay algunas “con conceptos difusos o sin detalles”, y otras que aparecen como pagadas en el Perfil del Contratante, lo que supone “una clara duplicidad de servicios”.
Además, advirtió de que hay facturas que se corresponden a contratos que no se sacan a concurso para su adjudicación, sino que son licitados “con una especie de contratación menor” que para los cepemistas, supone “un fraccionamiento del contrato” sobre el que la anterior interventora de la Ciudad Autónoma ya hizo una advertencia.
Bussian se refirió así a las facturas pendientes de pago por el servicio de limpieza de las dependencias de la Viceconsejería de Festejos, área a la que corresponde casi la mitad de las facturas pendientes, y a cuyo titular, Francisco Díaz, acusó de “tapar algunas prácticas de responsables del Gobierno”.
Esto ocurre, según el diputado, desde el año 2015, a pesar de que es “un servicio básico”, razón por la que avanzó que CPM presentará una advertencia de legalidad al actual interventor para que “tome cartas en el asunto”.

“Entrada por la puerta de atrás”
Lo mismo dijo de las contrataciones de auxiliares administrativos por parte de Festejos para el apoyo técnico de eventos como la Semana Santa, la Feria o la cabalgata de Reyes, cuando CPM considera que “lo más lógico” es que, si estas celebraciones son anuales, se recurra a la bolsa de trabajo o se saque esa plaza a oposición para no depender de empresas externas.
Esta práctica, insistió CPM, está dando lugar a que trabajadores de empresas externas denuncien a la Ciudad Autónoma para entrar a la Administración como funcionarios “por la puerta de atrás”, razón por la que instó a “parar ya” estas prácticas porque “estamos ante un hecho bastante grave y una conducta delictiva”.
Rachid Bussian insistió en que todas estas contrataciones externas están dando lugar a un gasto de “miles de euros” en contrataciones temporales, por lo que se preguntó si se está dando un supuesto caso de tráfico de influencias, ya que el Gobierno no ha desmentido que familiares de miembros del Gobierno figuren como administraciones únicos de esas empresas adjudicatarias.
El diputado cepemista recordó que existen dos procedimientos judiciales que investigan el proceder de la Ciudad Autónoma en la contratación pública, las operaciones Ópera y Tosca, razón por la que animó al viceconsejero de Festejos a denunciar a CPM, como ha asegurado que haría, para “esclarecer” estos hechos.
Además, le reprochó que aún no haya publicado los gastos de la contratación menor del primer trimestre del año, cuando está a punto de terminar el segundo, lo que es “una muestra del caos que reina en Festejos”, departamento que “hace aguas” y “no se sabe adónde va a parar el dinero de los melillenses”.
En opinión de Bussian, el hecho de que el Gobierno recurra con cierta frecuencia a los reconocimientos extrajudiciales de millones de euros para pagar facturas pendientes es una muestra de “mala gestión”, y reiteró sus críticas al considerar que “no se atienden necesidades básicas”.