Hace casi dos años, el 17 de julio de 2016, el acusado, sobre quien pesaba una orden de alejamiento por violencia de género (dictada un par de días antes), se acercó al domicilio familiar, donde reside su todavía esposa, con el fin de recoger sus cosas. El hombre fue denunciado en el acto por su mujer y una patrulla de la Policía se personó en el lugar para detenerlo, acusado de un delito de quebrantamiento de condena.
El acusado admitió plenamente los hechos, por lo que fue condenado a un año de prisión. La historia de este procedimiento finalizaría aquí de no ser por la petición de una suspensión “extraordinaria” de la pena de prisión realizada por la letrada de la defensa quien, una vez dictada la sentencia de conformidad con el acusado, solicitó que se practicara una prueba testifical para hacer ver al juez que la aplicación de la suspensión estaba justificada, pese a que el Ministerio Fiscal insistió en que el acusado debía ir a prisión, dado que tenía “bastantes” antecedentes penales.
Tanto la mujer como la hija del acusado reconocieron que el padre usa su sueldo como barrendero para mantener a su mujer y su hijo, y también para ayudar a su hija. Además el acusado, que está actualmente enfermo de cáncer, no ha vuelto a “molestar” a su mujer en los dos años que ha durado la orden de alejamiento, extremo sostenido por la declaración del propio agente de policía encargado de la protección de la mujer. Otro de los motivos alegados por la defensa para interesar la suspensión de la entrada del acusado en prisión es su situación laboral, dado que podrían despedirle si entra en prisión, provocando la ruina económica de la familia.
