¿Es que ninguna de las tres partes se da cuenta de que con escenificaciones como las que se han hecho, se da lugar a una imagen de marginación estatal a dos ciudades autónomas que no podemos permitirnos, por la simbología que eso implica de cara a sus habitantes, y a las reivindicaciones soberanistas que las rodean? De la manera con la que se produjo el cambio de Gobierno en mitad de la legislatura, mediante una moción de censura, y dando lugar a diferentes colores políticos en las dos administraciones que gestionan los intereses generales de los ciudadanos en Melilla, no cabía esperar que hubiera una relación idílica entre ambas. Menos aún cuando las elecciones autonómicas, y quizá las generales, están a la vuelta de la esquina. Pero tampoco es de recibo este divorcio entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma, por llamarlo de alguna manera, cuando hablamos de temas tan importantes para los melillenses como los transportes y la bonificación a la que tenemos derecho quienes vivimos alejados de la península. Menos aún a las primeras de cambio, como ha ocurrido, lo que no es un buen presagio de lo que sucederá de aquí a que se celebren los comicios que asienten en La Moncloa a un Gobierno elegido mayoritaria y directamente en las urnas.
Ese divorcio del que hablábamos antes quedó escenificado el martes, cuando en el Ministerio de Fomento se abordó la bonificación del 75% al transporte con dos de los cuatro presidentes autonómicos a cuyas regiones les afecta este tema. Acudieron los presidentes de Baleares y Canarias, Francina Armengol y Fernando Clavijo, pero no los de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda. La foto no estaba completa, y eso es algo que nadie debería haber permitido. Ni el ministro, ni los presidentes que acudieron ni los presidentes que se ausentaron. Ya lo dijimos en el editorial que MELILLA HOY publicó el pasado viernes, y lo volvemos a repetir. ¿Es que ninguna de las tres partes se da cuenta de que con escenificaciones como las que se han hecho, se da lugar a una imagen de marginación estatal a dos ciudades autónomas que no podemos permitirnos, por la simbología que eso implica de cara a sus habitantes, y a las reivindicaciones soberanistas que las rodean? Despertarlas con fotos como las que se dieron en el Ministerio de Fomento hace dos días no le interesa a nadie. Ni al Estado, ni a los gobernantes de las Ciudades Autónomas ni tampoco a las otras dos comunidades porque propiciando situaciones de exclusión como las que se dieron, las avalan y podrían dar pie a que sus regiones también las sufran algún día.
Y ahora que esto ha sucedido, y que nadie ha hecho, aparentemente, nada por evitarlo, teniendo en cuenta que ha habido cuatro días de margen para corregir, no cabe buscar culpables como se han apresurado a hacer PP y PSOE. Los populares culpan al ministro por no convocar a los presidentes de Ceuta y Melilla. Los socialistas, a los dos presidentes autonómicos por no pedir la cita como hicieron los de Baleares y Canarias.
La realidad es que todos tienen su parte de responsabilidad. El Gobierno (PSOE), porque cuando Baleares y Canarias pidieron la cita al ministro, no pensó en incluir a Ceuta y Melilla, que también sufren el problema, y optó por arreglar un problema que les afecta sin tenerlas en cuenta. Las Ciudades Autónomas (PP), porque sabiendo desde el viernes lo que iba a suceder el martes, no llamaron a Madrid para exigir que se les tuviera en cuenta en esa reunión, como otras veces han hecho como, por ejemplo, las reuniones bilaterales España-Marruecos, en las que Zapatero invitó a las comunidades limítrofes y excluyó finalmente a Ceuta y Melilla. Y los presidentes isleños, que no se han pronunciado sobre la ausencia de las dos ciudades autónomas, también tienen su parte de culpa por ir a Madrid a plantear un tema en el que han ido de la mano con ellas en los últimos meses.
Se trata, por lo tanto, de una responsabilidad a tres bandas y ahora que ya ha sucedido, lo que cabe esperar es que no se vuelva a repetir, porque este tipo de gestos nos debilitan y no están, en absoluto, justificados por una rivalidad entre partidos políticos.
