El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha asegurado que los certificados de penales de los 18 trabajadores de la empresa Clece contratada para el programa de educadores de calle "están limpios" y reconoce que la empresa ha despedido, tras el periodo de prueba, al joven que fue acusado en 2015 de abusos sexuales en el CETI aunque no existe sentencia. En rueda de prensa el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, ha querido salir al paso de las informaciones recogidas en un artículo del diario El País y a las manifestaciones del portavoz de Ciudadanos en Melilla, Eduardo de Castro, en relación a que entre los trabajadores que contrató Clece, empresa adjudicataria del programa de menores, hubiese una persona que fue denunciada en 2015 por un presunto delito de abuso sexual.
Contrataciones
Lamentó el consejero que haya "periodistas que vengan no a hacer reportajes sobre la belleza de Melilla o la interculturalidad, sino a buscar porquería, a hacer sangre de algo que iba a hacer daño principalmente al servicio del programa de educadores de calle, a la imagen de Melilla y al propio sujeto, puesto que no ha tenido un juicio todavía que diga si es culpable o no".
Manifiesta el consejero que la administración no interfiere en "la facultad de una empresa privada de contratar a quien estime pertinente porque no somos jefe de personal", pero sí que se vela por el cumplimiento de lo que se recoge en el pliego de condiciones del contrato. También se encuentra entre sus prerrogativas, el "pedir los certificados de penales" de esos trabajadores "donde debe aparecer que no hay ningún delito ni abusos sexuales de cualquier tipo" y en este sentido, los presentados por los 18 trabajadores contratados por CLECE "están limpios".
En el caso en concreto de este joven, indicó que "la rumorología comenta que fue algo que ocurrió en 2015 pero que no hay sentencia, por lo que hay que guardar la presunción de inocencia de las personas hasta que no se demuestre lo contrario". Critica Ventura que el portavoz de Ciudadanos, Eduardo de Castro, del que recordó que es funcionario de prisiones, no respete la presunción de inocencia "y vaya señalando por las redes sociales a personas sin haber tenido aún un juicio"
Reconoció que hace diez días tuvo conocimiento de este caso "por la rumorología" y que "se estaba estudiando" su veracidad, tal como le expuso la semana pasada a la diputada de CPM Dunia Almansouri en comisión, que mostró su preocupación sobre este particular y la necesidad de aclarar este asunto.
Desde la Consejería se recomendó a la empresa que prescindiera de los servicios "de una persona con este perfil puesto que no teníamos ninguna necesidad de que ocurriera lo que ha ocurrido" y Clece decidió "prescindir de los servicios de este señor que estaba en periodo de pruebas y desde el viernes ya no está trabajando".
Pide a los melillenses que en redes sociales no se dejen manipular "por algunos sujetos que unas veces con seudónimo y otras por políticos de la oposición, dan mucho vuelo a determinadas informaciones con el fin de lograr votos". Calificó de "ruin" este tipo de comportamientos, como dice que ya ocurrió con la muerte de dos menores acogidos y ahora usando "a una persona sin respetar la presunción de inocencia".
Asimismo recrimina que se "pida explicaciones" a la Ciudad porque entre los contratados por Clece se incluyera a un ex funcionario de la Ciudad Autónoma que fue despedido hace diez años y ha cumplido una pena de prisión. Indica el consejero que esta persona ya ha cumplido con la justicia y se pregunta "cuántas veces hay que cumplir una condena" para poder reinsertarse.
ONGs y particulares sin permiso para trabajar con menores
Denunció el consejero "la incongruencia" de aquellos que vienen a Melilla a elaborar este tipo de reportajes pero que no muestren interés por aquellas personas, voluntarios o pertenecientes a ongs sin identificar, que de forma "frecuente" llevan comida e incluso medicinas a los menores y adultos extranjeros que viven en la calle "porque no sabemos quiénes son".
Afirma que estas personas o entidades "están incumpliendo la normativa" porque además de no haber pedido permiso para poder colaborar con los menores de la calle, "no han presentado los certificados de penales", por lo que se desconoce si tanto ellos como algunos de los adultos extranjeros a los que atienden, cuentan con algún delito, en este caso el de abusos a menores.
Además se desconoce "dónde se confecciona la comida que se entrega, no sabemos tampoco si tienen carné de manipulador de alimentos", pero lo que considera grave es que incluso "también dan medicamentos a los menores y no sabemos su procedencia" por lo que teme que llegue el día que uno de estos jóvenes aparezca en estado grave o incluso muera.
Daniel Ventura, que apostilla que ningún medio nacional se interesa por este asunto, dijo que ha puesto el tema en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Consejería de Presidencia y Salud Pública para que se actúe y que, como mínimo, se pida el certificado de penales a estos desconocidos.
