El problema que durante meses han sufrido los menores sin escolarizar que hay en Melilla está un poco más cerca de la solución. Fuentes de la Delegación del Gobierno avanzaron ayer que se estudiará de manera pormenorizada la situación de estos menores, analizando caso por caso.
También ayer El País apuntó a este desbloqueo citando fuentes del nuevo equipo del PSOE en el Ministerio de Educación, según las cuales la intención es resolver el problema para el inicio del próximo curso y para ello “el Gobierno hará un diagnóstico de la situación real de los menores sin escolarizar, de sus familias y del entorno escolar”.
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, advirtió ayer en su visita que la negativa que había mantenido el Ministerio de Educación a escolarizar a más de un centenar de niños que viven en Melilla por irregularidades documentales de sus padres está afectando a los derechos fundamentales de los menores.
“Esos derechos fundamentales están por encima de las irregularidades documentales que por algunos se pretende argüir”, señaló rotundamente Fernández Marugán a preguntas de los periodistas, ante los que dijo que “es de esperar que a partir de este punto de vista, las autoridades educativas melillenses adecuen los informes que emitan”. Recordó que la garantía de esos derechos fundamentales “corre a cargo de las autoridades españolas”, y en este caso es necesario “plantear un derecho irrenunciable que afecta a los derechos fundamentales de estos niños”, cuyo caso Prodein lleva meses denunciando.
Fernández Marugán consideró que estos niños “deben estar donde están los niños de cualquier ciudad española, es decir, en el colegio”, porque su situación de no escolarización “no tiene sentido”, razón por la que tiene abierta una actuación a instancias de Prodein.
Mostró su esperanza y deseo de que “estos temas se enfoquen como se tienen que enfocar en una sociedad democrática” como la española, donde “los poderes públicos están para garantizar los derechos fundamentales”.
En el caso de estos niños nacidos en Melilla, cuyos padres son personas extranjeras en situación irregular, “se justifica mal” que no sean escolarizados, por lo que se preguntó por qué ocurre en Melilla y no en Ceuta, donde existe “la misma ley, la misma situación y el mismo problema”, pero donde la respuesta es “totalmente diferente”.
