Coalición por Melilla (CPM) ha solicitado en el Congreso de los Diputados a través de Unidos Podemos que el Estado rescate las competencias de menores que gestiona la Ciudad Autónoma de Melilla, al considerar que ha cambiado la situación que había cuando fue negociada la transferencia de estas competencias. En rueda de prensa, el presidente de CPM y líder de la oposición, Mustafa Aberchán, explicó que se ha puesto en contacto con Unidos Podemos para que se estudie la posibilidad de rescatar las competencias, y ya se ha solicitado al PSOE, a Ciudadanos (Cs) “y a los partidos de vocación nacional” que se impliquen en este asunto propiciando una modificación “consensuada” de la Ley del Menor.
El objetivo que se pretende es que el Estado sea responsable de la tutela y la fiscalización de los menores”, regulando la ratio que debe haber en cada centro, así como la ratio de profesores por cada menor y los programas de reinserción que se aplicará a este colectivo, que a juicio de CPM, deben estar basados en los valores de convivencia y diversidad.
Aberchán llamó la atención al Gobierno socialista porque “no vale hacer un diagnóstico de la gestión de los menores por el PP”, sino que esos diagnósticos deben hacerse en función de las medidas que se van a tomar “para el rosario de escándalos” que se producen en Melilla en esta materia, el último sobre el educador de calle despedido por ser acusado en 2015 de abusos sexuales. Un tema que Aberchán calificó como “un escándalo” del que responsabilizó al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, por tener “la tutela de los menores”.
Rescatar las competencias
El presidente cepemista justificó la petición de rescate de las competencias porque cuando el Estado y la Ciudad Autónoma negociaron la transferencia de estas competencias, fue para atender a los menores que “se podían generar en 12 kilómetros cuadrados, no con la visión de los menores que podían venir del entorno” marroquí.
Ello ha dado lugar a la situación actual, en la que la Ciudad Autónoma gestiona un centro con más de 500 menores, en el que el Estado invierte una cuantía superior a 7,4 millones de euros anuales, por lo que CPM cree que “no se puede hablar de una gestión en condiciones”.
“Es fácil concluir que el tema de los menores es un gran negocio para crear grandes beneficios a una empresa privada, y eso es vergonzoso”, aseveró Aberchán, que cree que no se puede consentir que se gestione de esa manera el dinero público, y una materia tan “sensible” como es la educación y atención de menores.
Además, Aberchán recordó que todo lo relativo a la legislación “es una cuestión de Estado, no de los caprichos de Imbroda ni del consejero de turno o de quien fiscaliza los contratos de educadores”, y que “va mas allá de las competencias de la Ciudad Autónoma”, que no tiene capacidad legislativa en la Asamblea, “que es fundamental en este tema”.
