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Les piden 2 años por okupar la casa de su tío

Dos miembros de una misma familia se enfrentaron esta semana en los juzgados a raíz de una denuncia por usurpación y daños interpuesta por el perjudicado contra su sobrino y su hermano, después de que los acusado presuntamente forzaran una vivienda de su propiedad para que el joven, que en el momento de los hechos tenía una situación familiar de necesidad, entrara a vivir en ella. Los acusados negaron que la vivienda sea propiedad del denunciante (algo que todavía está por determinar judicialmente) y su letrado calificó la denuncia como “una sarta de mentiras”. El Ministerio Fiscal, al no percibir dolo, interesó la absolución de los acusados, mientras que la acusación particular pidió para ellos un total de 2 años de prisión por un delito de usurpación, más el pago de 360 euros de multa por un delito leve de daños. Esta semana tuvo lugar en la sala número 2 de lo penal un juicio contra dos acusados, padre e hijo, por un supuesto delito de usurpación, que fue denunciado en primera instancia como robo con fuerza. Según la versión del letrado de la acusación particular -dado que la Fiscalía renunció a ejercer la acusación al no percibir indicios de delito-, que también es hermano de ambas partes enfrentadas, los acusados accedieron al domicilio del denunciante por la fuerza, instalando un cerrojo para evitar su acceso a la vivienda y provocando que el mismo se viera obligado a abandonarlo. El hijo se instaló en la vivienda okupada con su mujer y su hijo recién nacido.
Según declaró el denunciante, a mediados de septiembre de 2014, se disponía a entrar en su domicilio cuando se encontró con que habían forzado la cerradura. Si bien al principio no sabía quien había “okupado” la vivienda, finalmente supo que había sido su sobrino, y la policía le dijo que “no podía” entrar en la casa y que lo único que podía hacer era interponer una demanda civil. El perjudicado denunció entonces a su propio sobrino por un delito de robo con fuerza, siendo este detenido posteriormente.
Según la versión de uno de los acusados, padre del joven que entró a vivir en el domicilio objeto de disputa, la vivienda era de su propiedad. Al parecer, hace casi 30 años realizó un contrato de compraventa fraudulento por el que hacía entrega de la vivienda a su madre, según él, para que su hermano (el hoy denunciante) “viviera de prestado”. El problema llegó cuando, tras fallecer la madre, legó en su testamento la vivienda al hijo menor, circunstancia que generó una disputa, dado que la casa nunca llegó a venderse realmente y dado que el denunciante -según afirma el acusado- no se hacía cargo de ningún pago relacionado con la vivienda. El acusado aportó recibos de basuras y contribución para justificar su responsabilidad sobre el inmueble, cuya titularidad se encuentra todavía pendiente de resolución judicial.
El acusado afirma que su hijo se encontraba en una situación de necesidad, con su mujer a punto de dar a luz, y que “no tenía donde ir”, motivo por el cual le permitió instalarse en la vivienda objeto de litigio, una vivienda que, asegura, estaba abandonada.
La condición de abandono de la vivienda fue sostenida por el joven, quien llegó a afirmar que en su interior había ratas y que su familia llegó a sufrir un brote de sarna a raíz de las nulas condiciones de conservación y mantenimiento de la casa.
El juicio fue especialmente tenso, dada la vinculación personal de uno de los letrados, hasta el punto en que defensa y acusación particular llegaron a cruzarse amenazas de denuncia; “por traer un testigo falso” o “por amenazar a un testigo”.
El Ministerio Fiscal, que no ejerció la acusación, concluyó que a este tema subyacía una cuestión de índole civil, y pidió la absolución de ambos acusados, dado que no apreciaba intención de delinquir en sus actos.
La acusación particular fue mucho más dura, interesando para los acusados la imposición de una pena de dos años por un delito de usurpación, además del pago de una multa de 360 euros por un delito leve de daños.
La defensa, por su parte, criticó que la acusación tratase en primera instancia de hacer pasar este caso por un delito de robo con fuerza, “algo que es totalmente falso”; además destacó la situación de “extrema necesidad” en que se encontraba la familia del acusado, y recordó que el joven estaba plenamente convencido de que la vivienda en la que entró a vivir era de su padre. El letrado calificó la denuncia como “una sarta de mentiras”, y afirmó que la vivienda estaba completamente abandonada. Además, repasó la complicada situación en torno a la titularidad de la vivienda.

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Fernando Lamas Moreno

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