Dos ciudadanos marroquíes, padre e hijo, comparecieron en acto de juicio oral esta semana acusados de haber amenazado de muerte a una persona con la que el hijo había discutido por el cobro de una deuda. La discusión fue muy tensa y provocó que el perjudicado se lesionara de manera fortuita. Tras dicho enfrentamiento, padre e hijo supuestamente se personaron en la nave propiedad del perjudicado, portando armas blancas y amenazándole de muerte. El Ministerio Fiscal interesó para ambos acusados la imposición de una pena de 2 años de prisión más el pago de una multa de 320 euros por un delito de amenazas, mientras que la acusación particular optó por retirarse. El 27 de abril de 2015, sobre las once de la mañana, se produjo una discusión entre el acusado, un ciudadano marroquí, y los perjudicados, dos hermanos que regentaban una nave ubicada en la carretera Hardú, próxima a la zona de descarga del comercio atípico que opera en la frontera de Barrio Chino.
Al parecer, la discusión versó sobre una deuda pendiente, y subió de tono hasta el punto en que uno de los hermanos tuvo que intervenir para que el acusado no agrediera físicamente al otro. La tensión del momento provocó que uno de los perjudicados se hiriera fortuitamente en un brazo con el quicio de una puerta.
La discusión no quedó zanjada en el momento ya que, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, tanto el acusado como su padre (también acusado), acompañados de un grupo de personas que no han podido ser identificadas, se personaron aquél mismo día -más tarde- en la nave de los perjudicados y, portando navajas y machetes de tipo cortacañas, amenazaron a los denunciantes con matarles.
Los perjudicados, tras este tenso episodio, denunciaron las amenazas ante la Policía.
Discusión acalorada
La Fiscalía en un principio atribuía la lesión que se produjo durante la discusión a una agresión por parte de uno de los acusados, si bien la declaración realizada por el propio perjudicado, quien afirmó que había sido fortuita, hizo rectificar a la fiscal.
El perjudicado afirmó no recordar bien el contenido de la discusión y, aunque reconoció que había sido “un momento tenso” y que hubo “una discusión acalorada”, quiso dejar claro ante la sala que ya habían arreglado las cosas entre ellos. El letrado de la acusación particular, de hecho, renunció a mantener su acusación.
Los acusados, quienes necesitaron de la asistencia del intérprete de los juzgados, se acogieron a su derecho a no declarar.
Falta de pruebas
El Ministerio Fiscal interesó para ambos acusados la imposición de una pena de 2 años de prisión más el pago de 320 euros de multa por un delito de amenazas, además del pago de una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 1.438 euros por la lesión que se produjo a raíz de la discusión.
La defensa, por su parte, pidió la libre absolución de los acusados en base a la falta de pruebas de cargo.
