Coalición por Melilla (CPM) afirmó ayer que la contratación de un educador social acusado de abusos sexuales en 2015 para que trabajara en el programa de educadores de calle con menores inmigrantes que viven en la calle era “vox populi” en la ciudad. El portavoz de CPM, Hassan Mohatar, explicó que ese “comentario que estaba en la calle” fue por lo que su partido tuvo conocimiento de este caso antes y decidió plantearlo en la Comisión de Bienestar Social, donde el consejero del área, Daniel Ventura, les dijo que se había puesto en contacto con la empresa adjudicataria para ver la situación.
A preguntas de los periodistas, Mohatar indicó que, si bien su partido ha conocido por la prensa que este educador de calle ha sido despedido, volverá a exponer este tema en la próxima Comisión de Bienestar Social para que les informen de manera más detallada sobre las circunstancias que han rodeado este caso y después decidirá qué hacer.
No obstante, el portavoz cepemista consideró que tanto el consejero de Bienestar Social como el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, al ser los responsables de la tutela de los menores, tenían que haber tomado medidas antes porque “no se puede permitir que en el trato con menores haya personas a las que se ha investigado por supuestos abusos”.
“Eso es un fallo tremendo por parte de Bienestar Social y debe asumir la responsabilidad”, señaló Mohatar, convencido de que la labor que se hace con menores es “un trabajo demasiado sensible como para que haya la mínima sospecha sobre el proceder” de dicho educador social y “no se puede permitir su contratación”.
Ello, a pesar de que admitió que “todo el mundo merece una segunda oportunidad”, pero “en determinados trabajos, hay que ser muy cuidadoso y si no se ha sido así esta vez, algún tipo de responsabilidad habrá”, aludiendo a la necesidad de analizar los antecedentes y la vida laboral de los trabajadores de servicios a colectivos sensibles.
