En relación al Último comunicado emitido supuestamente por el expresidente de la CIM, Karim Chemlal, en el que reprochaba la gestión de la gestora constituida por la totalidad de las entidades que constituyen la CIM, la Comisión Gestoraha querido salir al paso para aclarar que, si bien la decisión de constituir la Gestora puede ser calificada como una decisión de consenso, “no es menos cierto que respondía a una necesidad legal, habida cuenta del vacío creado en el seno de la CIM”.
Los integrantes de la Gestora se muestran “sorprendidos” por la publicación de este comunicado sin que se haya registrado ninguna comunicación por parte de ningún miembro de la CIM, y sin que ninguna de sus entidades reconozcan haberlo emitido. La Gestora advierte de que se reserva el derecho de tomar medidas “contra cualquier persona o entidad que haga uso indebido del nombre de la CIM sin consentimiento de sus órganos rectores”, por lo que traslada dicho comunicado a la Comisión Permanente para que tome las medidas oportunas.
La Gestora, creada al objeto de constituir los distintos órganos y “poner al día la cuestión documental”, así como la contabilidad, a fin de establecer las bases por las que se pueda elegir una representación “legitima y acorde con los estatutos” en el plazo más breve posible.
La Gestora ha puesto en marcha instrumentos, como la Comisión Permanente, acreditados por las cuatro entidades que la componen, y que consta de doce miembros que, en la actualidad, se encargan de acordar aquellas iniciativas que la Gestora ejecutará.
La Gestora, en cumplimiento de lo acordado en Comisión Permanente, ha remitido escritos a Dris Mohamed Amar y a Karim Chemlal para que, en el plazo más breve posible, les hagan llegar la documentación necesaria para activar el tan ansiado calendario electoral.
Por último, la Gestora ha querido dejar claro ante la opinión pública que los pasos y los tiempos de este proceso los marcan los propios órganos rectores de la CIM, al amparo de la Ley y de sus estatutos, y no pueden ser condicionados por “escritos fantasmas” que se publican sin su consentimiento y con el único objeto de “confundir” a la opinión pública.
