Fue Javier Solana, aquel ministro socialista de Educación, el que implantó en España los colegios concertados. Desde entonces hasta ahora han funcionado eficazmente con unos datos que no dejan espacio a la duda, existen casi dos millones de alumnos en colegios católicos, hay más demanda que oferta y esto es así porque los progenitores bien saben que la calidad de esa educación supera la media española. La convivencia de la escuela pública con la concertada y privada solo redunda en beneficio de todos, pero eso sí revisando el criterio de la territorialidad o cercanía del centro al domicilio a la hora de escolarizar y también que el Estado recupere la competencia en educación habida cuenta del destrozo que los separatistas han ocasionado en los colegios, donde hasta se llega a perseguir la lengua de todos que es el español. España no puede estar al viento que sople en Moncloa para cambiar las leyes en esta materia. ¡Señorías! tengan alturas de miras, siéntense el tiempo que haga falta y sean capaces que con un acuerdo salga una ley de educación estable en el tiempo y alejada de un color que excluya o ideologice las aulas. Melilla ha sido, desde siempre, un ejemplo más de cómo personas de creencias religiosas diferentes han estudiado en colegios católicos, sin ningún problema. ¿A qué viene ahora, salvo un claro objetivo electoral, este viraje hacia posturas extremistas?. Isabel Celaá, la ministra de Educación, debe centrarse en los fallos del sistema más que en tratar de arrinconar a la concertada, recuperando la lengua vehicular española en todo el territorio más que en quitar a la asignatura de Religión católica de su valor académico. España es un estado aconfesional, no laico y donde según la encuesta del CIS el sesenta y nueve por ciento se declara espontáneamente católico. Soy hijo de una escuela donde desde mis primeros años y junto a mi hogar me enseñaron esa creencia, valores universales. Lasaliano que aprendió a convivir con musulmanes, hebreos e hindúes, y donde ya en mi último año, fuimos la primera promoción que estudio en clase la Constitución. ¿Por qué lo que funciona debe ser eliminado?. O tal vez se trate de un prejuicio ideológico que no debe tener cabida en un Estado de Derecho. La educación concertada supone para el estado un gran negocio, pues sus plazas le cuestan la mitad de la pública. El diario “ABC” en una reciente encuesta preguntaba: ¿Estás de acuerdo en que el Gobierno reforme la LOMCE sin esperar a un pacto educativo?, un 87 por ciento decía no, siendo un 13 por ciento quienes apostaban por el sí. Las familias deben seguir eligiendo precisamente por esa libertad de enseñanza que proclama nuestra Ley de leyes, y que no es otra cosa que algo irrenunciable, la libertad de pensamiento.
