La consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, inauguró ayer el segundo bloque temático de los XXVIII Cursos de Verano 'Ciudad de Melilla' sobre 'El Estado de derecho frente a la violencia de género" que se desarrollará hasta el próximo 20 de julio para un total de 90 alumnos. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, explicó que actualmente en la cárcel de Melilla hay 18 personas condenadas por violencia de género y otras 12 están siguiendo un programa semanal de régimen abierto para evitar el ingreso en prisión. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, manifestó que el segundo curso versará desde el punto de vista de la Institución Penitenciaria en la que a lo largo de la semana pasarán diferentes profesionales relacionados con el mundo de la Justicia, Fiscalía y de la Institución. También, realizarán ponencias los trabajadores que en las diferentes prisiones imparten los programas relativos a condenados por violencia de género.
Ortiz detalló que el Centro Penitenciario de Melilla cuenta concretamente con 18 internos por violencia de género y por otra parte hay 12 que realizan programas de régimen abierto para evitar el ingreso en prisión ya que se tratan de "condenas bajas".
En esta línea, el secretario general aseguró que "está comprobado que el índice de reincidencia es de un 10% cuando la persona condenada realiza el programa. Sin embargo, cuando esas personas ingresan en prisión y no lo hacen, el índice de reincidir se dispara entre el 21 y el 35%.
Además, aclaró que el programa de los penados tiene duración de un año, con una sesión semanal donde se trata el tema de los valores, control de la ira y las causas que les llevan a cometer ese tipo de delitos contra las mujeres.
Respecto al perfil de los condenados a nivel nacional, señaló que el 60% de los condenados tiene entre 25 y 45 años; el 69% son españoles con un bajo nivel de estudios, por lo que, los ingresos son bajos o medios y el 93% de las agresiones se producen en el interior del hogar.
La fiscal de sala coordinadora nacional contra la violencia de género, Pilar Martín Nájera, destacó en su intervención la protección de los menores víctimas de la violencia de género y las medidas que se pueden adoptar.
Además, hizo hincapié en que las víctimas "tanto directas, instrumentales como ambientales de la violencia que se sufre y los efectos que les producen, pudiéndoles afectar a su desarrollo o salud". Aunque, señaló que "lo que están es normalizando la violencia y la dominación del hombre sobre la mujer como forma normal de educación y de convivir".
Martín subrayó que el tema de los menores como el de la ejecución de las medidas alternativas son dos puntos "muy importantes" para avanzar en la lucha contra la violencia de género. "Las medidas de alejamiento, de suspensión de régimen de visitas se deben adoptar sobre todo cuando esta violencia sea grave y pueda incidir y perjudicar a estos menores", expresó.
Sobre el cambio legislativo, indicó que desde 2015 se incluyen a las víctimas, no solo a las mujeres, sino también los hijos menores que "dependan de ellas teniendo derecho a todas las medidas y ayudas que la ley prevé para las victimas de violencia de género".
En definitiva, la fiscal cree que se ha acentuado la obligación de los jueces y fiscales "de examinar si procede el régimen de visitas o las relaciones con los padres, y sino establecer un régimen de seguimiento de manera que cualquier medida que adopten no perjudique o incida en su seguridad o integridad".
