La Ciudad Autónoma de Melilla ha pedido una reunión a la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, para solicitarle que declare como emergencia una obra que hay que llevar a cabo en la planta desalinizadora para garantizar el suministro a la población en caso de avería como la que hubo el pasado fin de semana, y también para la ampliación de esta importante infraestructura con la instalación de un cuarto módulo. En rueda de prensa, el consejero de Coordinación y Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, recordó que en menos de un año, Melilla ha sufrido dos incidencias que han afectado al suministro de agua, ambas por una avería en la línea de electricidad de esta infraestructura, por lo que es necesario habilitar una segunda línea.
Quevedo explicó que la Ciudad Autónoma ya reclamó esta actuación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cuando estaba el anterior Gobierno en dos ocasiones anteriores, una el 20 de abril y otra el 10 de mayo, que se comprometió a llevar a cabo esta actuación de emergencia con una inversión de 1,8 millones de euros.
Eso permitiría iniciar la obra “en un plazo muy breve”. Sin embargo, la información actual que tiene la Ciudad Autónoma es que los técnicos de la Dirección General del Agua han decidido que no sea una actuación de emergencia, sino urgente.
Quevedo ha enviado una carta a dicho organismo explicando además la urgencia y necesidad de ampliar la desalinizadora con la instalación de un cuarto módulo, obra que debería estar licitada en septiembre de este año y empezara en junio de 2019, y que es “lo mismo que ya pedía la Ciudad Autónoma al Gobierno del PP”.
Por ello, ha pedido una reunión de manera inmediata para que el Estado, que es la Administración que debe acometer la ampliación de la desalinizadora, lleve a cabo esta actuación, ya que el anterior Gobierno ha dejado hecho tanto el proyecto como los pliegos y la tramitación ambiental.
Asimismo, insistirá en la necesidad de incorporar una nueva línea de suministro eléctrico como una obra de emergencia, ya que “se trata del abastecimiento de la población, no de regar campos para sembrar”, por lo que confió en que el Gobierno adopte ambos proyectos como una emergencia, que fue lo mismo que la Ciudad exigió al anterior Ejecutivo central.
Respuesta a CPM
Asimismo, Quevedo rechazó las declaraciones que el día anterior hizo el diputado de CPM Rachid Bussian, sobre la avería de la desalinizadora del pasado fin de semana. Quevedo recordó al cepemista que se trata de una infraestructura del Estado, por lo que “parecería razonable” que hubiera informado de ella la Delegación del Gobierno.
No obstante, la Ciudad Autónoma asumió ese papel “por responsabilidad hacia los ciudadanos”, para que estuvieran informados, dado que la Administración local, como cliente afectada, disponía de información conforme se iba resolviendo la incidencia.
Para Quevedo, las declaraciones de Bussian, hablando de que los cortes del suministro podrían ser premeditados, “están muy cerca de ser delictivas”. Además, rechazó su petición para hacer un plan de inversiones, pues la Ciudad gasta 6 millones al año en mantener las redes hídricas.
