La situación está peor que nunca, y eso da lugar a incidentes graves como a los que hemos asistido en los últimos meses. Melilla no es un pozo sin fondo, ni tampoco la paciencia de sus habitantes, que también sufren las consecuencias en sus calles El problema de los menores extranjeros no acompañados que sufre Melilla se ha convertido en un pozo sin fondo. Hace escasamente seis años, la Ciudad Autónoma decía tener sus infraestructuras colapsadas de menores y vivir una situación límite tras haber superado los 200 acogidos en el centro de La Purísima. Hoy, la cifra ya está cerca de los 600, más otros 200 que hay en otros centros de acogida de la ciudad. Sólo en La Purísima, el problema se ha triplicado, sin que las infraestructuras disponibles se hayan incrementado. ¿De cuántos menores más puede hacerse cargo la Ciudad Autónoma? ¿Cuál es el límite? Ninguno, por lo que se ve, pero las consecuencias de este gigantesco problema llevamos ya tiempo padeciéndolo, porque es imposible poder dispensar una buena atención a un colectivo sensible como es el de los menores que están solos, sin sus familias, en edades en las que más las necesitan.
La prueba está en que la Administración local ha tenido que pedir al Ejército tiendas de campaña, como hubo que hacer en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en los momentos de mayor presión migratoria. La diferencia es que en el caso del CETI, esa saturación, cuando se ha dado, ha sido siempre temporal porque los inmigrantes eran derivados a centros de acogida de la península. Con los menores, en cambio, eso no es posible porque los menores no pueden ser trasladados.
A la península no pueden ir, como ya apuntó recientemente el Defensor del Pueblo en su visita a Melilla. Según reveló Francisco Fernández Marugán, hace un año la Ciudad Autónoma le pidió que hiciera una labor de mediación para que parte de los menores que tenía bajo su tutela fueran «transferidos» a otros lugares del país debido a la «saturación» de sus centros de acogida de Melilla. Sin embargo, cuando el Defensor del Pueblo transmitió esa petición al Gobierno, la Secretaría General de Inmigración y Emigración dijo que el mecanismo de activación se hacía entre comunidades autónomas, mientras que Ceuta y Melilla, al ser ciudades con Estatuto de Autonomía, «tenían otro procedimiento, que se hacía a través de un convenio de colaboración» entre las administraciones central y local, por el cual destinó más dinero a la Ciudad Autónoma para atender a los menores.
Los menores tampoco pueden ser devueltos a Marruecos mediante la aplicación de los acuerdos bilaterales, a no ser que los propios menores lo hagan por su propia voluntad, como a veces, pocas, ocurre.
La cifra, por lo tanto, no tiene más alternativa que ir en tendencia ascendente si no se adoptan medidas cuya ejecución no está en la mano de la Ciudad Autónoma, que es la que tiene las competencias de menores, sino en la del Estado, que es de quien dependen las fronteras por las que entran los menores, y la posibilidad de abordar el problema con Marruecos.
Quizá sea el momento de buscar la manera de que el Estado se implique más en estos menores que únicamente aportando una parte del dinero que cuesta su atención. Bien planteando la devolución de los menores o haciendo una gestión mixta. Y es que el problema de los menores que tenemos actualmente no es el mismo, ni mucho menos, que el que había hace 20 años, cuando la Ciudad Autónoma asumió las competencias de protección de menores. Hoy en día, este fenómeno ha virado hacia una inmigración infantil más que evidente que ha desbordado los recursos disponibles que tiene la Ciudad Autónoma. La situación está peor que nunca, y eso da lugar a incidentes graves como a los que hemos asistido en los últimos meses. Melilla no es un pozo sin fondo, ni tampoco la paciencia de sus habitantes, que también sufren las consecuencias en sus calles.
