El decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, atendió a MELILLA HOY para valorar las medidas anunciadas por la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, en cuya figura (fiscal claramente posicionada a favor de las reclamaciones de las asociaciones de jueces) jueces y fiscales depositaban optimistas expectativas de avanzar en las hasta ahora estancadas negociaciones relativas a la digitalización de la Justicia, la mejora de las condiciones laborales de ambos colectivos y el aumento de la independencia judicial. Para el decano, las propuestas de la ministra son continuistas y suponen una gran decepción, en tanto en cuanto uno de los pilares de sus reclamaciones, el aumento de la independencia judicial, ha sido prácticamente descartado. La ministra de Justicia del actual Gobierno del PSOE, la fiscal Dolores Delgado, ha transmitido esta semana su compromiso para conseguir “mejoras retributivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales”, mejoras que ha asegurado que se incluirán en las nóminas de los jueces este mismo diciembre.
Si bien el Ministerio de Justicia ha tratado de “vender” estas medidas como avances sustanciales en las negociaciones que las Asociaciones de Jueces y Fiscales llevaban meses manteniendo (de forma totalmente infructuosa) con el anterior equipo ministerial, comandado por Rafael Catalá, lo cierto es que, a ojos de un experto de referencia como es el decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, dichos “avances” no son tales, dado que suponen la continuidad de la práctica totalidad del insatisfactorio plan propuesto por el Gobierno del PP.
Portillo, quien ha considerado “profundamente decepcionante” la propuesta de la ministra, ha aclarado que las retribuciones prometidas ya habían sido aprobadas por el Gobierno anterior (en los PGE) y suponían una subida salarial mínima, que apenas se traducirá en 50 euros más en las nóminas de jueces y fiscales.
Aun más grave que la continuidad en lo relativo al aumento retributivo y la recuperación de los derechos laborales que se perdieron durante la crisis, es la negativa a aumentar la independencia judicial, decisión continuista y totalmente contraria a lo que la ministra defendía cuando desempeñaba su labor como fiscal; Delgado se comprometió a impulsar reformas legislativas que afectan a alguno de los puntos de la plataforma reivindicativa de jueces y fiscales, como la reforma de la LOPJ para dar mayor transparencia a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien todo esto no limita en esencia la influencia política sobre la elección de los jueces y no es más que un “brindis al sol”.
El juez decano recordó con pesar que la actual ministra, antes de acceder a su despacho en el Gobierno, defendía las reclamaciones de jueces y fiscales “en la puerta de los juzgados”, y no entiende cómo puede ser que cruzar el umbral de dicho despacho provoque que una persona renuncie a todas sus convicciones y a su bagaje profesional; “habrá que fumigar los despachos, porque algo malo tienen”, ironizó el decano, que valoró muy negativamente el modo en que el papel político que ha de desempeñar la ministra desdibuja por completo sus principios como profesional y como experta en su campo.
El juez decano criticó también la inacción del Ministerio a la hora de paralizar la implementación del “catastrófico” expediente digital, ya que la ministra, en lugar de optar por dicha paralización, ha optado por crear una comisión para estudiar los problemas del criticado proceso de cambio a la justicia digital; “ya sabes, como decía Napoleón: si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión”, bromeaba amargamente el decano, que interpreta la actitud de la ministra como un jarro de agua fría sobre un colectivo, el de jueces y fiscales, que a priori veían en Dolores Delgado una aliada dentro de una clase política que, hasta ahora, les ha tratado con indiferencia.
Aspectos positivos
Pese a la valoración generalmente negativa realizada, el decano de los jueces quiso destacar ciertos aspectos en los que sí ha habido avances. El primero de ellos es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar el artículo 324, que fija un límite de seis meses para la instrucción de los procedimientos penales excepto en casos de especial complejidad; algo que generaba un especial descontento entre los fiscales.
A pesar de lo positivo del anuncio, Portillo se muestra cauto: “habrá que ver de qué modo proponen la derogación, si de manera completa o poniendo parches que provoquen que todo siga igual pero de otra manera”.
Otra buena noticia, pese a que todavía no hay nada concreto, sería la intención de la ministra de modificar el reglamento de la carrera fiscal; “suponemos que para dotar de mayor autonomía al Ministerio Fiscal”, si bien todo dependerá de cómo se materialice, dado que “últimamente parece que la política consiste más en decir que se van a hacer cosas que en realmente hacerlas”.
A nivel laboral también parece que hay buenas nuevas, toda vez que parece ser que el Ministerio va a reconocer a jueces y fiscales ciertos permisos (como el de paternidad) que tiene el resto de la función pública. “Hablo de buenas noticias, cuando en realidad no deberían de serlo, dado que llevamos dos años de retraso con respecto al resto de la Administración”, concluyó el decano.
