El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura, realiza un balance "medianamente satisfecho" de la reunión ayer del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que se ha fijado la cuantía de las subvenciones para el año 2018, a programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La principal conclusión es que Melilla recibe 103.000 euros más que el pasado año. En este encuentro se concretó la distribución de crédito entre las comunidades y ciudades autónomas para la realización de programas sociales, que se dividen a su vez en tres epígrafes: protección a la familia y la pobreza infantil, el programa de prestaciones básicas de servicios sociales y el plan de desarrollo del pueblo gitano.
Reparto
En el primer programa Melilla recibe 1.193.000 euros, que se incrementa en 103.000 euros más que el pasado año. Para el segundo programa la cuantía se eleva a 198.000 euros y para el tercero, la cantidad es similar a la de otros años, 2.062 euros.
En la reunión el consejero expuso que los criterios de distribución "son antiguos" y precisan ser actualizados, porque "no se adaptan a las condiciones de Melilla, porque no se tiene en cuenta ni la presión migratoria infantil y de adultos, la extrapeninsularidad, ni la alta densidad de población" que registra. Defiende Ventura que estos tres criterios deben tenerse en cuenta y se muestra esperanzado de que finalmente sea así, si se estudia en el grupo de trabajo que se va a crear con la participación de todas las comunidades en la que fijar nuevos criterios de distribución, para que sea "más justa".
Mostró su queja Daniel Ventura a la hora de abordar el reparto de la partida para la subvención de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Explica el consejero que la actual ministra decidió no respetar lo acordado en la comisión de mayo y celebrar una nueva en la que se fijaron nuevos criterios que "han perjudicado a Melilla y a otras comunidades autónomas, y ha beneficiado claramente a otras". Por ese motivo tanto él como otras comunidades, su voto fue la abstención. El consejero señala que en el acuerdo de mayo Melilla recibía 150.000 euros más, dinero que ahora pierde, aunque se mantiene la cuantía del año pasado, es decir, 1,3 millones de euros.
"He manifestado mi malestar por el cambio de ese acuerdo del 11 de mayo, como ha quedado reflejado en el acta, porque considero que no hay una distribución justa porque no se ajusta a la realidad social de Melilla", dijo. Ventura detalló en su intervención que Melilla es una ciudad con una alta presión migratoria y "una importante población de familias en situación de riesgo a las que tenemos que atender y lo hacemos tanto de forma directa como a través del tercer sector" que recibe las ayudas del 0,7%. Por ello "hemos pedido que se contemple esa situación en la distribución de los fondos".
Comisión sobre menores
En el apartado de ruegos y preguntas la representante del País Vasco expuso la necesidad de buscar una solución al creciente problema de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la comunidad, una cuestión a la que se sumaron otras comunidades que como Melilla, Andalucía, Cataluña, Madrid o Murcia viven en primera persona.
Todas estas comunidades han explicado la situación que viven, como el que Melilla, con trece kilómetros cuadrados de superficie acoja a 800 de estos menores, lo que hace "que convivamos de forma diaria con este problema, no solo con los menores que acogemos en centros, sino también los que están en situación de calle, a los que se suman los adultos en situación irregular".
En la reunión, en la que "se empezó a utilizar la terminología de niños en desamparo pero también de menores que emigran por motivos económicos", se dejó de manifiesto que "se trata de un tema de país al que hay que buscar solución de manera urgente". Se habló de "hacer cambios legislativos, en los protocolos de actuación, y un reparto justo entre todas las comunidades autónomas" y por ese motivo "hemos pedido a la ministra que el Gobierno tiene que intervenir". Esperan que se pueda crear una comisión cuanto antes en la que aportar soluciones a un tema creciente.
