En su informe anual el Defensor del Pueblo, en su función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), afirma que "cuesta entender" por qué "no se realizara una autopsia judicial" al cadáver del menor que cumplía una medida judicial en el centro de reforma y que falleció en el Comarcal por una parada cardiorrespiratoria. Entiende que este estudio forense podría haber aclarado si existía alguna correlación entre la muerte y el que seis trabajadores del centro hubiesen inmovilizado al joven, observándose "cierta rudeza". Señala el Defensor del Pueblo que cuando en 2017 visitaron el centro para menores infractores (CIMI) de Melilla tuvieron conocimiento de que pocos días antes se había realizado una contención a un menor que se desvaneció, por lo que hubo que trasladarlo al hospital con una parada cardiorrespiratoria. El menor, que había sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, en coma, falleció días después.
Conclusiones
"Dada la gravedad del asunto, el equipo del MNP solicitó, por un lado, visualizar las imágenes de la contención de forma inmediata, así como copia de todas ellas para su estudio en detalle", pero "desde un primer momento se advirtieron problemas y resistencias". Explican que el director del centro les manifestó que las imágenes estaban bajo la responsabilidad de la empresa de seguridad, que no tenía vinculación con la fundación encargada de la gestión del centro, y que ni siquiera él podía ver las imágenes si ocurría algún incidente. La institución solicitó las imágenes a la Consejería, que las remitió. También el Ingesa facilitó información como el documento de ingreso, el informe de hospitalización y, finalmente, la autopsia efectuada al menor.
Tras la visualización de los 110 vídeos remitidos por la Consejería, se llegaron a varias conclusiones. En primer lugar, "se advierten discrepancias entre la duración de la contención realizada y anotada en el registro de medios de contención del CIMI con lo que resulta de los vídeos visualizados". Fueron seis personas las que practicaron la contención y "se observó cierta rudeza en su aplicación, en opinión del MNP". Es más, "se aprecia cómo una de las personas que participa en ella coge la cabeza del interno y la agita de modo que se da contra el suelo".
Añade que la autopsia que se realizó al menor fue clínica y no judicial, por lo que "faltarían bastantes elementos para establecer una eventual correlación entre la contención y la parada cardiorrespiratoria". “Cuesta entender que en un caso como este no se realizara una autopsia judicial" y que no se realizara un parte de lesiones, por lo que el menor "no fue examinado por un forense en el momento del ingreso para comprobar si había lesiones producidas por la contención".
Indica que tras el examen de este incidente se formularon varias sugerencias a Bienestar Social, para mejorar el protocolo aplicado en las contenciones y el entrenamiento del personal que deba llevarlo a cabo. El seguimiento de la investigación sobre este fallecimiento ha sido asumido por el área de seguridad y justicia del Defensor del Pueblo.
Atención sanitaria
El informe reseña, en el tema de la asistencia sanitaria, que todos los centros de menores visitados por el Defensor del Pueblo en 2017 se constató que realizaban un primer examen médico antes de las 24 horas del ingreso del menor. En la mayoría, análisis de orina y una prueba exploratoria. Sin embargo, Melilla se tuvo que formular una sugerencia para que “se garantizara a los menores en el ingreso la realización de una analítica de sangre, así como de detección de enfermedades de transmisión sexual, al advertirse que una parte de los internos constituía una población de alto riesgo. Según se informó por el centro, tal medida no resultaba asumible, ya que cada analítica de este tipo tenía un coste de 160 euros", indica el Defensor del Pueblo.
Añade que "la asistencia psiquiátrica es bastante dispar" y como ejemplo, en relación al centro de Melilla, explica que "aun disponiendo de una psiquiatra todos los días, se informaba de que en la mayoría de los supuestos no tenía conocimiento de si el menor se encontraba cumpliendo una medida terapéutica o no, ya que no recibían un abordaje diferente de tipo psicológico o psiquiátrico, aun siendo necesario un tratamiento específico". Por ello, sugieren que se elaboren planes individuales de atención para los menores con medida de internamiento terapéutica con el correspondiente abordaje multidisciplinar y que se determinara de forma individualizada el grado de interacción que deben tener en cada fase con el resto de los internos.
Situación precaria
Otro asunto que preocupa al Defensor del Pueblo es el de la escasez de recursos residenciales una vez que el menor salga del centro y no pueda volver a su domicilio familiar. Muchos de los menores entrevistados trasladaban esta preocupación a los equipos del MNP, dado que, "aunque en muchos centros se les tramita (o se intenta) la tarjeta sanitaria, la documentación de residencia o posibles prestaciones que pueda percibir, en realidad, el menor que se convierte en mayor de edad dentro del centro, queda habitualmente en una situación precaria".
Aspecto carcelario
En cuanto al estado general de las instalaciones, durante el año 2017, se han formulado diversas sugerencias de mejora. Si bien algunos centros presentaban un buen estado de conservación y mantenimiento de las instalaciones en las zonas comunes, en otros espacios había humedades que afectaban a las habitaciones y dificultaban la permanencia en aquellas, o no había un sistema de climatización adecuado, "haciendo mucho frío o calor, en función de la época del año" como en Melilla. Asimismo, en algunos centros, como en el melillense, los menores se quejaban del mal funcionamiento de las ducha o de que el agua salía fría. El informe destaca "el aspecto carcelario de algunos de los centros visitados" como el de Melilla, e indica que sería aconsejable que estos centros carecieran de elementos como barrotes, y que las instalaciones estuvieran más decoradas por los menores para que ofrezcan un aspecto diferente.
