El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, por el que se devuelve la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y se "desliga" la asistencia sanitaria de la condición de asegurado, como así se establecía en el Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno Rajoy. En la nueva normativa se establece como titulares del derecho a recibir asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como a las personas nacionalizadas en España, a los extranjeros residentes, a los pensionistas que residen en otros países y a los trabajadores transfronterizos.
En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.
Ahora bien, la ministra ha señalado que para evitar casos de "abuso", y el turismo sanitario, se va a financiar esta asistencia cuando se cumplan los siguientes criterios: no tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen; y no existir un tercero obligado al pago.
En todo caso, tal y como ha asegurado el Ministerio de Sanidad, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos. Además, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para recibir la prestación asistencial.
Mejora de la salud
La elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales como la Comisión Europea. También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil.
"Lo esencial de esta norma, y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás", ha dicho Montón, para insistir en que el Real Decreto aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica" ante la normativa "dispersa" de las autonomías.
Finalmente, Montón ha recordado que la aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas, y que la atención normalizada en Atención Primaria permite un "mejor control" de las enfermedades y de la salud pública, al tiempo que evita "descompensaciones" en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones.
