El periódico “El Mundo” reafirmaba que el empleo que se tenía previsto para las minas antipersonales que habían comenzado a destruirse tras el acuerdo de Otawa firmado por España y por 135 países más, no era otro que el de su instalación en las fronteras de Ceuta y Melilla para el caso en que se suscitase un hipotético conflicto con Marruecos. De ahí, según el mismo rotativo, que algunos sectores militares fueran reacios a desprenderse de ellas.
Cruz Roja y el Imserso pedían el ingreso hospitalario para los argelinos que mantenían una huelga de hambre porque sus condiciones de asilo no habían sido admitidas a trámite. No se dejaban examinar por los médicos y se negaban a ingerir ningún alimento. La protesta se prolongaba ya demasiado y se temía por su estado de salud.
