Alcanzar el poder a costa de la dignidad, implica entregarse en manos de quienes menos abogan por una convivencia pacífica, de ahí que, por un puñado de votos, uno vende su alma al diablo.
Día a día observamos que la política de quienes nos gobiernan y nos han gobernado sigue por los mismos derroteros, «prometer hasta meter»; buscan obtener los votos de indecisos, de advenedizos del poder, y las consecuencias las pagamos los de siempre.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) son los grandes sacrificados por parte del poder ejecutivo, de aquellos que, debiendo facilitar medios humanos y materiales para ofrecer una seguridad ciudadana acorde a los tiempos modernos que corren, no hacen otra cosa que poner obstáculos a la dignidad profesional de quienes si creen en un país mejor.
Miembros de la Guardia Civil fueron atacados salvajemente por inmigrantes que, debidamente organizados, pretenden entrar en España a costa de lo que sea, se ponga por delante quien se ponga, aunque quienes dan la cara ante ellos, ¡oh casualidad!, siempre son los mismos, policías nacionales y guardias civiles. En número escaso, con medio materiales exiguos, hacen frente a las avalanchas de inmigrantes; otros mientras tanto sacan pecho por abrir puertos a embarcaciones que «por humanidad transportan a inmigrantes», haciendo con ello el caldo de cultivo de las mafias encargadas del tráfico de seres humanos, con un efecto llamada que jamás ha tenido parangón en la historia reciente de España.
Por un puñado de euros o dólares, hay países que garantizan que el paso de inmigrantes no se lleve a cabo; es decir, también forman parte de esas mafias de tráfico de seres humanos; porque el problema no se ataja con el pago de una cantidad, que cada día se hace más pequeña a quien tiene el poder de solicitar más y más.
El imperio de la ley brilla por su ausencia; la proporcionalidad en la acción es juzgada con crueldad si eres policía nacional o guardia civil; por tanto, es mejor que te den de ostias, y que Dios nos coja confesado. Dicen que lo llevamos implícito en el sueldo. Lástima de quienes opinan así.
Lo cierto es que la única responsable de la situación es la economía; esa que impide que se destinen más miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a los puntos más conflictivos, esa misma que impide que se destinen partidas presupuestarias para mejor dotación de los policías nacionales y guardias civiles; dejando al desamparo de unos pocos, unos cientos de kilómetros de vallas que pretenden (con concertinas o no) impedir el paso o la invasión de violentos que a toda costa quieren alcanzar suelo español, para la obtención de beneficios económicos, sanitarios y cualesquiera otros que les facilite una mejor vida, esa misma que en sus países de orígenes les es negada por regímenes totalitarios y corruptos. Una vez alcanzado suelo español, la mofa hacia policías nacionales y guardias civiles se hace patente; se produce el hacinamiento de personas en lugares no habilitados; aparecen de nuevo enfermedades infecto-contagiosas extintas en España, y nuestros agentes sufren las consecuencias de ello, no siendo el primer caso de infecciones sufridas por policías nacionales y guardias civiles, que ejercen su labor, sin las más mínimas garantías sanitarias y de autoprotección. Lástima que todo dependa de la economía; a alguien o algo hay que echarle la culpa.
La solidarización con los agentes es de agradecer; la preocupación se extiende al conjunto de los ciudadanos, y de ahí nace un bloque sólido que aboga por la adopción de medidas urgentes. No todo pasa por Europa, y si pasa por Europa, España es Europa, y aunque Europa se solidariza verbalmente, el problema lo soporta España.
Vemos con asombro que por culpa de la marcha de la economía no se puede ampliar personal y dotar de más medios materiales a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las ciudades que más sufren la lacra de la inmigración; no obstante, el estado asume 4.500 millones de deuda de la región catalana, le quita esa deuda que tiene con las empresas para asumirla el estado, sumando esa cifra a los más de 50.000 millones de euros que debe Cataluña al Estado Español; niega una equiparación salarial valorada en 1.500 millones de euros y habla de actualización y dignificación de los salarios; aumenta el techo del gasto público para que las comunidades autónomas se endeuden más, y nos suben los impuestos.
Paradójico, ¿no?
Como Policías Nacionales y Guardias Civiles que somos; como trabajadores incansables del orden y la ley del estado español, solicitamos no ser los grandes olvidados de los gobiernos de turno, pedimos dignidad profesional, laboral y económica, y tenemos el derecho a reivindicar que se incremente también el techo del gasto público para los Ministerios de Interior y de Defensa, y que los sueldos de Policías Nacionales y Guardias Civiles alcancen los niveles que todo profesional debe de tener; y si eso supone incrementar en 500 millones de euros más la cifra mágica de los 1.500 millones de la mal llamada equiparación salarial, les estaremos agradecidos, y si no vienen, también estaremos agradecidos, pero con la sociedad española, que nos apoya, nos arropa y nos protege, de esos ciudadanos anónimos que denuncian la persecución de nuestros hijos por el mero hecho de serlo de policías y guardias civiles; esos que nos abren sus puertas cuando otros, con su oído envenenado, nos echas de sus lugares.
Vendría bien una reflexión al conjunto del poder legislativo, ejecutivo y judicial, quienes han de ver en sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, unos Cuerpos integrados por grandes profesionales que no hacen sino cumplir con el sagrado deber de defender el orden y la ley. Por un puñado de votos, NO.
