Las cámaras serán claves para determinar quién cometió atentado a la autoridad y en consecuencia actuar contra estos, sin necesidad de generalizar a todos los que saltaron ese día la valla
El Bufete de Abogados Nuria De Madariaga presentaba este domingo, a través de LexNET, una denuncia contra los 602 "migrantes" que el día 27 de julio de 2018 asaltaron la valla de Ceuta armados y con mucha violencia hiriendo a 22 agentes de la Guardia Civil, algunos de gravedad.
Un día después la Asociación Independientes de la Guardia Civil presentaba ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Ceuta un escrito para personarse en las diligencias previas que ha emprendido el Bufete de Abogados Nuria de Madariaga.
Tal y como recoge la denuncia presentada, la letrada solicita que se les impute a los 602 inmigrantes los delitos de atentado de los artículos 550 y 551.1.2 que supone una pena superior por la utilización de objetos peligrosos, objetos contundentes y líquidos inflamables; por delitos de lesiones, cuya gravedad aún está por determinar mientras no se tenga acceso a los partes médicos de los guardias civiles, aunque como indica la denuncia existió un claro "ánimus laedendi" (ánimo de lesionar) y ahora habrá también que determinar si también existió "animus necandi" (ánimo de matar), por la peligrosidad objetiva de los medios utilizados; y finalmente también pide que se les impute delitos de desórdenes públicos por el empleo de objetos peligrosos y el peligro para la integridad física de los atacados.
Por su parte, la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta ha remitido este martes al Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad autónoma, el que se encontraba de guardia el pasado jueves, su atestado sobre la entrada en grupo en la ciudad autónoma a través del perímetro fronterizo de 602 migrantes indocumentados nacionales de Guinea Conakry, Gambia, Congo, Chad y Camerún.
La diligencia recoge las identidades de todos ellos en base a la respuesta que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ha dado al oficio que le trasladó para conocerlas y las de los 18 funcionarios que resultaron heridos durante "el salto más violento que recordamos", según lo ha calificado el director general del Instituto Armado, Félix Azón.
Para que prospere la denuncia, ese es el camino que se debe coger, el de identificar a los agresores de forma individual, porque una denuncia colectiva no creemos que tenga mucho recorrido. Las cámaras serán claves para determinar quién cometió atentado a la autoridad y en consecuencia actuar contra estos, sin necesidad de generalizar a todos los que saltaron ese día la valla.
