El problema generado por la no aceptación por parte de las entidades financieras de los billetes de 100, 200 y 500 euros en los bancos de Ceuta y Melilla sigue dando mucho de que hablar, máxime cuando el Gobierno asegura que "no hay instrucciones que impidan el ingreso de billetes 'grandes'". En un comunicado, Delegación del Gobierno en Ceuta dejaba entrever que el origen de este problema, que está causando, como reconocen los empresarios de ambas ciudades, "un grave bloqueo de la actividad económica de Ceuta", deviene de un procedimiento judicial iniciado en la Ciudad Autónoma de Melilla que actualmente está en curso. Y es que la Audiencia Provincial de Melilla está llevando la causa sobre una supuesta red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes formada por 13 acusados para los que se piden un total de 86 años de cárcel y 205 millones de multa, estando entre los enjuiciados siete empleados de una sucursal en Melilla y a los que la Fiscalía acusa de haber ayudado a esta red a burlar la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.
Este proceso judicial, iniciado el pasado mes de noviembre de 2017, parece que ha sido el detonante para que las entidades bancarias de Ceuta y Melilla hayan tomado, por su cuenta y riesgo, la decisión de no aceptar billetes de 100, 200 y 500 euros, tal y como denuncian comerciantes y empresarios, ya que este problema comenzó a producirse a primeros del presente año.
Tal y como publicó en su momento el diario MELILLA HOY el pasado 8 de noviembre arrancó el juicio con las cuestiones previas, donde todas las defensas, encabezadas por el abogado melillense Rachid Mohamed Hammu del Despacho de Abogados MLazaar coincidieron en solicitar la anulación de las escuchas telefónicas, un hecho que fue estimado por la Audiencia que decidió anular las escuchas al considerar que no quedarían probadas su fidelidad, ya que las mismas se habrían realizado de forma prospectiva (a futuro), sin comprobar si las traducciones del "shelja" al español serían correctas y sin declarar fecha de finalización, a un total de 37 números de teléfonos pertenecientes a 12 personas.
Los letrados también pidieron la nulidad del proceso por vulneración de un proceso de garantías e igualdad, al señalar que no se entregaron los originales y las copias de las actuaciones, no se incluyeron las grabaciones transcritas y hubo falta de control judicial de las mismas, aunque esto fue desestimado por la Audiencia.
Pendientes de la sentencia
Inicialmente, los jueces que conforman la Audiencia Provincial tenían previsto que las sesiones se fueran desarrollando hasta el pasado día 21 de junio de 2018, pero estas finalizaron el pasado mes de mayo, mes en el que se presentaron todas las conclusiones y por consiguiente quedó visto para sentencia, una sentencia que todavía, a día de hoy, no se ha producido. En este sentido, también hay que indicar que mientras la Fiscalía ha mantenido su acusación, los abogados defensores solicitaban la libre absolución.
Los hechos se remontan al año 2010 a raíz de unas anteriores escuchas a un matrimonio al que se investigaba por narcotráfico.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso MELILLA HOY, el dinero procedía del "tráfico de hachís a gran escala" que supuestamente llevaban a cabo dos hermanos, M. y M.A., y con el que lograron "ingentes cantidades de efectivo en euros".
Ambos tenían como testaferro a un tercer hermano, B.A., quien les había comprado sus respectivas casas en el Real y en el Barrio de la Libertad, y que llegó a sacarlos de la prisión preventiva en la que se encontraban tras su detención el 23 de febrero de 2010, tras pagar 60.000 euros por cada uno de ellos. Tres años más tarde también él sería detenido e ingresado en prisión, de la que salió el mismo día por una fianza de 85.000 euros.
La Fiscalía relata en su escrito, de 19 folios, cómo M. y M.A. procedieron, presuntamente, a "lavar el capital obtenido" a través de un entramado empresarial, integrado por varias entidades mercantiles, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Barcelona.
Para ello, contaron con la participación de A.O., que figuraba como apoderado y administrador de dos de las empresas, y a quien la Fiscalía acusa de "aleccionar" a uno de los hermanos "acerca del lavado de su capital, a sabiendas de la actividad ilícita a la que se dedicaba M.A.". También lo señala como el autor de la transferencia de 11 vehículos de alta gama de una empresa a otra tras la detención e ingreso en prisión provisional de M.A. "con ánimo de eludir una acción confiscatoria".
Siete empleados de una sucursal, entre los enjuiciados
Como ya se indica al inicio de la información, entre los 13 acusados en este procedimiento judicial hay 7 empleados de una sucursal bancaria en Melilla, concretamente el director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros.
La Fiscalía detalla en su escrito de acusación cómo estos siete empleados del banco actuaron con "connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada" para que la red de blanqueo de capitales consiguiera "materializar sus objetivos" burlando la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.
