Un total de 35 militares españoles, representados y asesorados por el bufete “Baluartelex”, han presentado sendas peticiones ante las Cortes con el objetivo de que se deroguen las leyes que regulan la profesión militar y que establecen diferencias “discriminatorias” entre el personal militar fijo y el temporal, hasta el punto en que, al llegar a los 45 años, el personal temporal es despedido del ejército y queda con una “irrisoria” pensión de apenas 600 euros. Una de las críticas más duras de los escritos tiene que ver con el supuesto “Fraude de Ley” de los contratos temporales, toda vez que algunos militares llevan hasta 24 años concatenando contratos de este tipo sin que parezca haber una justificación válida. Un total de 35 militares españoles en situación de contratación temporal presentaron esta semana ante las Cortes Generales de España 35 peticiones de derogación de las dos leyes que actualmente regulan la “profesión militar” en relación con la imposibilidad de permanencia más allá de los 45 años.
En los escritos presentados, se pide la promulgación de una única Ley orgánica de la Carrera militar que no contemple distinciones entre militares con vinculación permanente y militares con vinculación temporal.
Los 35 escritos pertenecen a militares profesionales de Tropa y Marinería (MPTM) temporales de los tres ejércitos, a un Oficial de Complemento, y a un Reservista de Especial Disponibilidad (RED).
Una de las críticas más duras a la actual situación de estos profesionales es que muchos llevan concatenando contratos temporales hasta 24 años, una situación que, de no tener causa de temporalidad, constituyen un “Fraude de Ley”
Este tema es de suma importancia para nuestra ciudad toda vez que la situación de precariedad laboral de los MPTM alcanza a cientos de soldados melillenses que, o bien ya han sido alcanzados por la legislación actual, o están cerca de tener que abandonar el ejército por alcanzar los 45 años de edad.
Los militares profesionales de tropa y marinería que se ven obligados, tras muchos años de abnegado servicio, a abandonar el Ejército, se quedan con una irrisoria pensión de 600 euros que apenas les permite hacerse cargo de sus gastos familiares, toda vez que muchos de los afectados están casados y tienen responsabilidades.
De no encontrarse una solución viable para este problema, en los próximos años cada vez más profesionales se verán en una situación similar.
