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La Plataforma ve incomprensible la inacción del Gobierno de la Nación ante el “bofetón diplomático” marroquí

El cierre de la aduana terrestre es una medida “injusta” y “sin sentido”

La Plataforma de Empresarios de Melilla ha emitido un comunicado en el que se valora de forma muy crítica la decisión del Gobierno marroquí de cerrar la aduana terrestre de Beni Enzar al paso de mercancías documentadas. Los empresarios consideran que la medida no sólo viola los acuerdos de 1959 sino que también supone un atentado contra la libre competencia, y afirman que las justificaciones aportadas para tal decisión se asientan sobre “falsedades”. Para los empresarios, que consideran “no demasiado grave” el perjuicio económico real de la medida, lo peor es la total inacción del Gobierno ante lo que consideran un flagrante “bofetón diplomático” a nuestro país. La Plataforma de Empresarios de Melilla ha emitido un comunicado valorando la decisión de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos dependiente del Mº de Economía y Finanzas del Reino de Marruecos de impedir el despacho de mercancías a través de la aduana terrestre de Beni Enzar, remitiendo todas las importaciones a la Aduana del puerto, una medida que, si bien no supone un cierre “de iure” de la frontera, ha tenido como efecto “colateral” que se bloquee la entrada de mercancías procedentes de Melilla para su importación en Marruecos.
Los empresarios critican duramente la medida, dado que consideran que, además de contravenirse los acuerdos suscritos entre España y Marruecos en 1959, se está atentando contra la libre competencia, toda vez que se limita a sus comerciantes importadores a usar solo una naviera, “cuando a través de nuestro Puerto podían elegir entre, al menos, ocho compañías de primer orden”, cuyos contenedores llegan a la ciudad a través de las dos líneas “feeder” que escalan en nuestro Puerto desde hace varios años.
Además, los empresarios ponen en seria duda el argumento de que tal drástica medida se ha tomado para beneficiar la recaudación marroquí, ya que las mercancías cuyo acceso se ha prohibido estaban sujetas al control aduanero de ambos países y en Marruecos liquidaban los aranceles y la TVA (el equivalente al IVA), exactamente igual que las que llegan a su puerto. Es más, la decisión marroquí podría incluso acarrearles pérdidas en materia recaudatoria si se confirma la bonificación del 30% de los aranceles que se ha prometido desde la Administración como medida complementaria para estimular el puerto.

Juego limpio
Desde la Plataforma afirman “entender y apoyar” que Marruecos apueste por el desarrollo de su economía en la región de L’Oriental (la más desfavorecida del país), a través de la potenciación de las actividades portuarias en Beni Enzar, atrayendo tráfico de contenedores y adaptando el puerto para poder captar un negocio que, desde su construcción en 1977, no habían podido atraer.
“Lo que no podemos entender ni debemos aceptar -sostienen los empresarios- es que para ello se cierre el paso a las mercancías a través de Melilla”, algo de lo que los marroquíes se han beneficiado a lo largo de los últimos 60 años.

Mentiras
Según la Plataforma, la justificación aportada por el presidente de la Cámara de Comercio de la región de L’Oriental, quien afirma que son precisamente los comerciantes marroquíes los que habrían pedido esta medida, “no deja de ser una falacia más de este empresario vecino que, por cierto, ha venido usando sin ningún reparo nuestro Puerto para traer desde hace años los contenedores que importaba su empresa en Nador”.
Los empresarios califican también de “falsedad” que se produjesen demoras en el paso de los contenedores desde nuestro Puerto hacia el recinto aduanero, ni que el paso por nuestra ciudad suponga un extra coste más allá del transporte terrestre (ya que la mercancía no está sujeta al pago del IPSI); estas mentiras serían algunos de los argumentos complementarios utilizados para justificar una decisión que desde la Plataforma califican como un “sinsentido”. “Tenemos constancia documental de varios importadores marroquíes que no están de acuerdo con esta medida y que la están protestando ante las autoridades de su país”, afirman desde la Plataforma, desmontando el supuesto consenso esgrimido como justificación de la medida.

Bofetón diplomático
El hecho de que los contenedores no paguen IPSI por encontrarse en situación de “neutralidad impositiva” supone que la decisión de Marruecos no produzca ningún perjuicio económico directo para las arcas de la Ciudad Autónoma, si bien sí que supone considerables pérdidas para la Autoridad Portuaria, las empresas portuarias y estibadoras, los agentes de aduanas y los comerciantes de la ciudad.
A pesar de este impacto negativo en la Autoridad Portuaria y el sector privado, los empresarios consideran que “no es demasiado grave”, dado que los tránsitos y exportaciones que se venían realizando hasta ahora “suponen un porcentaje muy pequeño del volumen total del comercio en nuestra ciudad”, motivo por el cuál dudan de la cifra de 100 millones en pérdidas aportada por el Gobierno local y ponen el foco, más que en el perjuicio económico, en el “bofetón” diplomático que Marruecos ha dado otra vez a España, a su supuesto “país amigo”, “sin que nuestro Gobierno haya pestañeado en estos 30 días desde que se emitió la circular de la Aduana marroquí”, critican desde la agrupación empresarial.
La Plataforma considera que la falta de respuesta por parte del Gobierno de España no es lógica ni razonable; “ni el presidente, ni el ministro de Exteriores, ni siquiera el Rey ha abandonado ni un minuto sus vacaciones para darnos un mensaje de tranquilidad a los melillenses y una respuesta diplomática al Reino de Marruecos”, concluyen.

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Fernando Lamas Moreno

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