El 28 de enero de 1958, el departamento de Cifra del Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno franquista recibió un comunicado urgente del cónsul español en Nador advirtiendo de la ocupación por parte de las autoridades marroquíes de 375 metros de los 500 que ocupaba la zona neutral que en su día quedó reconocida en varios tratados hispano-marroquíes, en concreto el convenio de Tetuán de 1859 así como el convenio de paz y amistad de 1860, el acta de delimitación de octubre de 1861 y finalmente, el convenio de Tánger de junio de 1862. Marruecos violó en el mes de enero de 1958 nada más y nada menos que cuatro acuerdos bilaterales hispano-marroquíes de una sola tacada. Desde hacía varios meses las relaciones entre ambos países se habían envenenado como consecuencia de la radicalización de las posturas del partido Istiqlal, aún no mayoritario en el gobierno marroquí así como la asunción de su ideología nacionalista por el Majzén, profundamente anti española. Ello llevó al Istiqlal a enviar, con el conocimiento del Majzén, a varios grupos guerrilleros a las fronteras de Ifni, Tarfaya y el Sahara español iniciando un conflicto armado desde el mes de noviembre de 1957 y que durará hasta finales del mes de febrero de 1958, siendo su resultado muy desfavorable para España.
El Istiqlal había amenazado al gobierno franquista con varios ataques sobre Melilla y Ceuta, afirmando que contaban con más fuerzas que el propio Ejército marroquí, recién creado. Pretendían igualmente abrir una sucursal del partido en un barrio concreto de Melilla como era la Cañada de la Muerte y por si fuera poco, el partido de El Fasi urdió un plan para sublevar a parte de la población rifeña para atacar las dos ciudades españolas ese mismo año, aspecto éste último conocido por la Segunda Sección. Este último plan fue rechazado por algunos notables rifeños, pendientes en aquel momento de una sublevación contra el mismo partido Istiqlal que comenzaría en el mes de octubre de ese año de 1958. Habían pasado menos de dos años desde la independencia de Marruecos y su gobierno, comandando por la monarquía, no lo olvidemos, atacó Ifni, Tarfaya, el Sahara Occidental y también Ceuta y Melilla mediante la apropiación ilegal de varios metros de la conocida como zona neutral. El resultado de todo ello fue la pérdida de la mayor parte del territorio de Ifni, la entrega de Tarfaya en el mes de abril de 1958 y el refuerzo de los planes defensivos del Sahara español. Respecto a Melilla y Ceuta, ambas ciudades perdieron aquel colchón de seguridad aceptado por los dos países en los tratados mencionados. Eso sí, el gobernador militar de las plazas de soberanía, general Alfredo Galera Paniagua, aprovechó la coyuntura para crear una tarjeta identificativa para la población marroquí que habitaba ambas ciudades, la conocida tarjeta de estadística que tantos quebraderos de cabeza generaría en un futuro no muy lejano, pues nunca se planteó la expulsión de ese agregado poblacional de ambas ciudades.
Si traigo a colación esta cuestión, la invasión de la zona neutral por Marruecos en esa fecha determinada, es debido a que es un hecho poco conocido por la historiografía y porque demuestra que el pasado siempre condiciona el presente pues los problemas fronterizos entre Melilla y Marruecos fueron continuos desde la independencia del país vecino. A partir de esa fecha un breve repaso por los avatares que ha sufrido la frontera española en Melilla y las medidas que se han implementado por distintos gobiernos para intentar que las relaciones entre la ciudad y su entorno fueran, en teoría, lo más beneficiosas para el desarrollo de la economía tanto de Melilla como Ceuta, serviría para dar cuenta de los errores cometidos de manera persistente en el tratamiento de esta cuestión.
Los últimos meses parece que han vuelto a poner de actualidad los problemas fronterizos en una ciudad en la que se nos ha dicho hasta la saciedad que el principal motor de desarrollo local es el tráfico de mercancías con destino a Marruecos, circunstancia que implica mantener un régimen de gestión fronteriza absolutamente extemporáneo e incluso peligroso, al poner en riesgo la seguridad de los melillenses, y por supuesto, los ceutíes en lo que respecta a nuestra ciudad hermana. Pero los datos son tozudos y lo cierto es que éste sistema productivo ha generado más de un treinta por ciento de pobreza y desempleo en la ciudad amén de otros problemas acuciantes como es la inmigración ilegal o el narcotráfico, asunto éste muy de actualidad en estos momentos. Lo cierto es que al comenzar la transición a la democracia, esos indicadores eran más benévolos con la ciudad, a pesar de los indudables problemas económicos que ya aparecían en el horizonte, a pesar de lo cual las autoridades se vieron impotentes para desarrollar alternativas viables que pudieran sustentar la economía local. Los dos grandes problemas fronterizos a los que ha tenido que hacer frente Melilla en estos cuarenta años de democracia han sido sin lugar a dudas la pérdida de territorio como consecuencia de unas políticas desacertadas de los distintos gobiernos centrales, transformando una frontera que era estática desde un punto de vista geopolítico en una frontera dinámica, en éste último caso regresiva, por cuanto no hemos defendido, no la soberanía del territorio sino algo peor, los tratados que le dan respaldo jurídico en el ámbito internacional. El segundo de los problemas a los que ha tenido que hacer frente la ciudad es la relación con su entorno inmediato, Marruecos, así como el régimen de circulación de personas y mercancías, nunca negociado en un tratado bilateral con el país vecino y consagrado entre los años 1991 y 1994 en el marco del proceso de adhesión de España al tratado de Schengen. Si bien es cierto que antes de ello ya existió un acuerdo tácito entre las autoridades españolas y las marroquíes en tal sentido, éste quedará consagrado en la declaración referente a Ceuta y Melilla en el marco del proceso de Schengen que respalda la exención de visado a los marroquíes que pretendan entrar en Melilla y Ceuta desde las provincias marroquíes vecinas.
Hay muchas formas de analizar el efecto económico de una frontera sobre los territorios vecinos a uno y otro lado. Pero hay dos de ellos que resultan sustanciales para entender la conveniencia o no de un determinado régimen fronterizo, en concreto la generación de externalidades positivas o negativas, fruto de esas relaciones bilaterales y por otro lado, la creación de economías inclusivas o lo contrario, extractivas. En el caso concreto de Melilla, la generación de externalidades negativas es evidente, colapso fronterizo, comercio irregular, presión migratoria, narcotráfico, elevado gasto en servicios sociales, inseguridad o destrucción de infraestructuras urbanas, por citar solo algunos. En el caso de la economía de un territorio, también parece evidente que ésta ha derivado hacia un sistema productivo poco inclusivo, a tenor de los pocos datos de los que disponemos como por ejemplo, existencia de subsidios, excesivo desarrollo del comercio sobre otro tipo de sectores productivos, desincentivo para la inversión en nuevos proyectos empresariales, corrupción o alto desempleo, por citar unos cuantos.
Las medidas que se han intentado implementar para subsanar o revertir esta situación son mínimas. Así, en el caso de la defensa de la soberanía territorial, el Estado ha declinado ejercer su derecho a realizar una reclamación diplomática al país vecino dando cuenta de la violación de esos tratados. Es más, ni siquiera fue contemplada esta posibilidad, ya en democracia, en el momento de redactar el estatuto de autonomía de ambas ciudades. El artículo segundo del estatuto es bastante explícito e improcedente al afirmar que "el territorio de la ciudad de Melilla es el comprendido en la delimitación actual de su territorio municipal". Ni una sola referencia a los tratados que determinan esos territorios y que son los comentados más arriba, circunstancia que genera cierta inseguridad, en especial en el ámbito jurídico internacional. En el caso de que hubiera que acudir al Tribunal Internacional de Justicia, Marruecos podría alegar que esos estatutos de autonomía no reconocen los tratados firmados en su día, a mediados del siglo XIX, esenciales para entender la extensión territorial de Melilla y Ceuta. Urge pues un cambio de ese artículo, pues debería incluir una mención expresa a esos tratados que, en cierto modo, fundamentan la existencia de las dos ciudades como ciudades españolas. Un paso más allá debería ser el planteamiento de un contencioso diplomático a Marruecos por la violación de esos tratados en lo referente a la zona neutral y ésta sí debería ser una política de Estado que debería condicionar cualquier relación diplomática con el país vecino.
En el caso del cambio de régimen de gestión fronteriza es mucho más fácil cualquier tipo de actuación en el sentido de que no existe ningún convenio bilateral entre ambos Estados que deba ser renegociado. Podríamos decir que el gobierno español tiene las manos libres para realizar aquellos cambios que sean necesarios, en la medida en que el comercio atípico se realiza dentro del territorio de soberanía español. Así, si el comercio se realiza en territorio español, lo lógico es que sea su gobierno el que implemente las medidas que considere más adecuadas, entre ellas la restricción del paso de porteadores a un área delimitada y por un solo paso fronterizo, por poner un simple ejemplo. Sería aparentemente sencillo, aunque la voluntad de los gobiernos locales y nacionales siempre ha sido la contraria. De hecho, en una fecha tan temprana como el 18 de junio de 1956, las Cámaras de comercio de Melilla y Ceuta firmaron un documento en Madrid en el que pedían al gobierno central la implementación de una serie de medidas como consecuencia de la independencia de Marruecos. Una de las más llamativas era el punto número dos del referido documento en el que se afirmaba que habría que "establecer reciprocidad de trato entre los habitantes de Ceuta y Melilla con los de Marruecos, tendiendo a que sean suprimidos los visados para la circulación de personas de uno a otro territorio". Ello llevó a la aceptación de una medida que nunca quedó plasmada en ninguno de los acuerdos bilaterales firmados entre ambos países después de la independencia marroquí. Además, en el año 1964 se abolió el visado entre ambos países, con lo cual no hubo problema en la circulación de personas desde entonces, al menos hasta los años ochenta, ya en democracia. Desde un principio se entendía que había que permitir el paso de marroquíes a la ciudad desde la provincia vecina sin tener en cuenta los efectos que ello conllevaría en un futuro no muy lejano. Es más, se entendía que el paso indiscriminado de marroquíes era necesario para el desarrollo económico local, pues el comercio local así lo requería. Lo cierto es que aquella medida solo sirvió para el asentamiento de la ciudad de población marroquí de forma irregular como así muestran los datos estadísticos. No voy a extenderme sobre un tema ya tratado por algunos círculos investigadores en España, con algún que otro trabajo meritorio.
La última afrenta marroquí ha sido el cierre de la aduana de Melilla que, en mi opinión debería ser el acicate para cambiar radicalmente el sistema de gestión fronteriza de la ciudad con Marruecos. Es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que gobierna en estos momentos el PSOE, puntal del lobby pro marroquí en España desde la década de los años ochenta del pasado siglo. Pero más preocupante es el hecho de que ninguna formación política de la oposición haya hecho la más mínima aportación al tema, dando a entender que aceptan la política de hechos consumados, es decir, la supeditación de los intereses de Melilla y Ceuta frente a Marruecos, cuando lo lógico habría sido lo contrario, su defensa frente al país vecino, condicionando toda, absolutamente toda la política de España hacia Marruecos. Marruecos inició una guerra silenciosa contra Melilla y Ceuta desde el mismo momento de la independencia del país, en 1956. Esta se desarrolla en variados ámbitos, político, diplomático, económico, sociológico, ideológico e incluso religioso sin que nadie desde España haya sabido hacer frente a este problema que ya no lo es exclusivamente de las dos ciudades. En esta guerra silenciosa ya no vale la fuerza militar, hace falta implementar otras medidas. ¿Cómo hacer frente al nacionalismo marroquí? Este es un buen ejemplo, sobre todo a sabiendas de que uno de sus puntales es el desarrollo de una doctrina irredentista por un lado, favorecer flujos migratorios descontrolados por otro o sencillamente la introducción del fundamentalismo islámico en determinadas capas sociales residentes en España. Frente a ello desde los gobiernos de España se ha respondido a través de una maleable doctrina multicultural, humanitaria o incluso a través de lo que muchos califican pomposamente de 'relaciones de vecindad' basadas en la cooperación. La cuestión de la aduana de Melilla era una muerte anunciada desde hacía mucho tiempo en eso que aquí califico de guerra silenciosa, en éste caso en el ámbito económico. Tiene fácil solución aunque me temo que, una vez más, el gobierno de la nación dejará a ambas ciudades a merced de la tempestad o de los elementos, que diría aquel.
Los datos históricos aportados en el artículo proceden de documentación archivística del AGA y la FNFF así como el Estatuto de Autonomía de Melilla
