El decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, atendió a MELILLA HOY para valorar la situación en que se encuentra el juez Llarena tras la demanda civil interpuesta contra él en Bélgica por Puigdemont y el resto de consellers separatistas fugados de la Justicia. El Juez decano mostró su apoyo a Llarena y consideró que la demanda es realmente un ataque contra nuestro sistema judicial. Portillo consideró que “no se puede permitir” la intromisión de un país extranjero en la soberanía jurisdiccional española, si bien consideró que la demanda “es un despropósito” y que la posibilidad de que sea admitida a trámite es “casi ficción jurídica”. El decano también consideró que el Gobierno debería asumir la defensa de Llarena mediante la participación de la Abogacía del Estado. El decano de los jueces en Melilla, Fernando Portillo, atendió a MELILLA HOY para valorar la situación en la que se encuentra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena después de que Carles Puigdemont y sus ex consellers interpusieran contra él una demanda civil en Bélgica por supuestamente “vulnerar su derecho a un juez imparcial y justo” y a la “presunción de inocencia”.
El juez decano, que se adhirió a los comunicados de apoyo al juez emitidos por todas las asociaciones de jueces, consideró que “no se puede permitir la intromisión de ningún estado extranjero en la soberanía jurisdiccional española”, y que el Estado debería intervenir en defensa del juez ya que, “por mucho que se quiera vender que se trata de una demanda personal, basta leerla para ver que se pone en duda la parcialidad del juez como instructor del caso […] y también se pone continuamente en duda es al sistema judicial español y, por lo tanto, el Estado debe intervenir”.
Consecuencias
Más allá del intento de desprestigio o de las intenciones espurias del separatismo, el juez decano confirmó que la demanda “es un despropósito” y que la posibilidad de que sea admitida a trámite por la justicia belga “casi entra dentro del campo de la ficción jurídica”.
“No tiene sentido que un tribunal de bélgica pueda intervenir en hechos sucedidos en España y cometidos por españoles […] eso contraviene cualquier norma de derecho internacional conocida, salvo contadas excepciones”, continuó el juez decano, quien confía en que los belgas no admitan a trámite la demanda.
Para el decano, lo que el separatismo busca con esta maniobra está claro: apartar al juez Llarena del caso contra los políticos presos y huidos. Hay una norma según la cual se debe recusar a cualquier juez que tuviera abiertos pleitos con cualquiera de las partes, si bien -según comenta el juez decano- “esta maniobra denota un profundo desconocimiento de la norma”, toda vez que los pleitos que pudieran dar pie a una recusación deben ser anteriores al procedimiento, no posteriores, según ha fallado “en muchas ocasiones” el propio Tribunal Supremo.
El propósito de los separatistas, además de minar el prestigio del juez, generar un rédito político y agotar las posibilidades de apartar a Llarena de la instrucción del procedimiento, sería también tratar de desprestigiar internacionalmente a la justicia española, ya que en la propia demanda se hace referencia a nuestro país como un Estado “no democrático”. Dicha campaña de desprestigio, además, está teniendo lugar en un país “poco empático” con las resoluciones judiciales de los Tribunales españoles.
Abogacía del Estado
El Gobierno ha contratado con dinero público un bufete privado belga para la defensa del juez, si bien el juez decano recordó que existe un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el CGPJ que estipula que la defensa de los jueces -cuando no se trate de asuntos personales, sino institucionales- corresponde a la Abogacía del Estado. “No tendría mucho sentido contratar un despacho privado de abogados pagado por el Gobierno, cuando tenemos una abogacía del Estado dedicada concretamente a esto”, comentó Portillo, quien concluyó afirmando que, en todo este asunto, “da la impresión de que el Gobierno ha ido rectificando sobre la marcha”.
