Una de las principales propuestas del Ministerio de Justicia bajo el mando de la socialista Dolores Delgado es la recuperación de la aplicación del principio de Justicia Universal, que permite a la Justicia española la persecución pena de crímenes cometidos en el extranjero y por extranjeros. Dicho principio permitió juzgar a Pinochet y fue muy restringido en 2014 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Su “rescate” por parte del Ejecutivo socialista podría significar la apertura de procedimientos legales contra Marruecos por sus actuaciones en el Sáhara y el Rif, algo que supondría una injerencia total en asuntos que el país vecino considera internos, pero que la Justicia Universal pondría “a tiro de denuncia”, complicando la salud de las relaciones bilaterales. Una de las promesas del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, y una de los propósitos personales de la ministra de Justicia (Dolores Delgado), es la restauración de la aplicación del principio de “Justicia Universal”, que fue muy restringido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.
El principio de Justicia Universal hacía posible la persecución penal por parte de la Justicia española de determinados crímenes de gravedad (entre los que se encontraban graves violaciones de derechos humanos) cometidos en el extranjero y por ciudadanos extranjeros. Dicho principio se materializó en el ordenamiento jurídico a través del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía la competencia de la jurisdicción española para juzgar delitos cometidos en el extranjero.
Extensión
El comité compuesto por la ministra para estudiar la recuperación de la “Justicia Universal” también examinará la posibilidad de extender las prerrogativas de un texto que, recordemos, permitió al juez Baltasar Garzón lanzar una orden de arresto internacional contra el expresidente chileno Augusto Pinochet. Uno de los partidos más interesados en la “recuperación” de este principio es, como no podía ser de otra manera, el partido soberanista “Esquerra Republicana de Catalunya”. Todos los partidos tienen hasta el próximo día 4 de septiembre para hacer propuestas.
La “Justicia Universal” pretendida por el Gobierno socialista podría implicar la apertura de procesos judiciales relacionados con dos de los asuntos más “delicados” de Marruecos a nivel interno, como son las actuaciones del Reino Alauita en el Sáhara Occidental y contra los manifestantes rifeños del movimiento de protesta “Hirak Rif”, muchos de los cuales han sido condenados a penas de hasta 20 años por “subvertir en orden del Estado”, entre otros delitos.
Rabat vería cualquier acción judicial española relativa a estos asuntos como una injerencia extranjera intolerable en temas que considera internos y que, además, afectan directamente a la estabilidad del reino; por otra parte, la restauración del principio y la hipotética (que, aunque posible, ni mucho menos segura) apertura de diligencias contra Marruecos por algún caso de violación de los Derechos Humanos podría suponer un impulso para los saharauis partidarios del Frente Polisario que podrían interponer denuncias contra funcionarios del país vecino, como ya hicieron hace más de 10 años.
El último “incidente” de impacto nacional en Marruecos vino provocado por el movimiento popular “Hirak Rif”, considerado como pro-independentista por las autoridades estatales. El apoyo de diversas ONGs y asociaciones a los miembros del movimiento encarcelados podría implicar la interposición de denuncias.
Cualquier acción de la Justicia española -amparada por la hipotética reforma del PSOE- en este sentido probablemente implicaría un empeoramiento de las relaciones bilaterales España-Marruecos, lo que habitualmente se traduce en un aumento de la presión migratoria (por dejación de funciones del país vecino), problemas relacionados con la pesca y, sobre todo, problemas para Ceuta y Melilla, cuyos ciudadanos son el primer dique contra el que chocan las olas generadas por cualquier conflicto diplomático entre ambos países.
