Sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), entre ellos el SUP de Melilla, han pedido a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y a los Ministerios de Justicia y de Interior que el Gobierno no retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales.
Sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE) han pedido a la fiscal general del Estado, María José Segarra, y a los Ministerios de Justicia y de Interior que el Gobierno no retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales y han advertido de que si lo hace, estará cometiendo una "injusticia" con las víctimas del terrorismo y una "inmoralidad".
Según han señalado, la ley de reconocimiento y reparación de
víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la
violencia de motivación política en Euskadi entre 1978 y 1999, aprobada en julio de 2016 por el Parlamento vasco, concede a esta comunidad autónoma la potestad de "decidir sobre asuntos de competencia exclusivamente jurisdiccionales, y por tanto del ámbito de jueces y magistrados, abriendo la posibilidad a investigar casos sin garantías procesales".
Así lo han manifestado en una carta, que han entregado a la fiscal y a ambos Ministerios.
