De vez en cuando, nos encontramos con casos en los que el altavoz que debe ejercer dicho gabinete se queda mudo por orden de los que están por encima, que son los responsables del organismo o institución pública. Se deja así a los medios de comunicación, y por ende a toda la opinión pública, sin la información que solicitan, y se vulnera un derecho reconocido como fundamental por la Constitución Española Si ya de por sí es difícil la labor a la que nos enfrentamos cada día los medios de comunicación para intentar trasladar a nuestros lectores/oyentes/espectadores una información rigurosa y lo más rápida posible, a veces, últimamente de manera frecuente en Melilla, esta misión se convierte en casi imposible por las zancadillas que nos ponen quienes, precisamente, más deberían ayudar a conseguir ese objetivo. Nos referimos a los gabinetes de prensa, y especialmente, los de organismos oficiales e instituciones, cuyo papel es importantísimo por transmitir la información de poderes y servicios públicos. Obviamente, no se puede generalizar, eso sería injusto para aquellos que sí cumplen la responsabilidad que tienen encomendada. Pero de vez en cuando, nos encontramos con casos en los que el altavoz que debe ejercer dicho gabinete se queda mudo por orden de los que están por encima, que son los responsables del organismo o institución pública. Se deja así a los medios de comunicación, y por ende a toda la opinión pública, sin la información que solicitan, y se vulnera un derecho reconocido como fundamental por la Constitución Española en su artículo 20.
Hablamos, por lo tanto, de un hecho grave, y los melillenses deben saber que esto está sucediendo en su ciudad. Varios son los casos que se han sucedido en las últimas semanas, el último ayer mismo, con motivo de un supuesto caso de abuso sexual que sufrió una menor de edad cerca del recinto ferial a manos de otro menor, tutelado por los servicios sociales. Nada más conocer lo sucedido, este periódico trató de recabar la versión oficial ante la Policía Nacional, que fue el cuerpo de seguridad que llevó a cabo la detención. También hizo lo mismo ante la Delegación del Gobierno, por ser la institución de la que depende la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dos horas después, pasadas las tres de la tarde, este periódico recibió un e-mail de la Policía dirigido a todos los medios de comunicación en el que se daba a conocer que no daría información de este hecho por estar implicados menores de edad.
Desconocemos quién dio la orden de que hubiera cerrojazo informativo en torno a este tema, si fue cosa de mandos policiales o de responsables políticos de la Administración del Estado. Pero la decisión, además de ser muy desacertada, supone todo un fraude hacia los profesionales de los medios de comunicación porque para decirles que no se va a dar información no es necesario hacerles perder dos horas, lo que supone, encima, una zancadilla, consciente o no, al dejarle sin margen de tiempo para recabar datos, aunque sea de manera oficiosa.
Y decimos fraude porque todos sabemos, los melillenses también, que en este país se ha dado y se sigue dando información oficial de hechos cometidos y sufridos por menores de edad, de toda índole, obviando de manera escrupulosa identidades y detalles para proteger el interés superior de estos. También en Melilla en ocasiones anteriores, pero no en esta al ser esa minoría de edad la excusa para aplicar un cerrojazo informativo que los medios de comunicación y los ciudadanos no se merecen. Lo que merecen es que los organismos públicos que están a su servicio les informen y les lancen un mensaje de tranquilidad ante hechos que causan alarma. Hacer todo lo contrario, solo contribuye a alimentar su inquietud, y de ello no tienen culpa los medios de comunicación que tratan de informar aunque les pongan obstáculos en el intento.
