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Las dirigentes de la ONG “Mujeres por la igualdad” irán a juicio el martes

Este martes tendrá lugar en la sala primera de lo Penal de los juzgados de Melilla el juicio contra la presidenta y la tesorera de la ONG "Mujeres por la Igualdad", quienes supuestamente dirigían una trama para traer a España a ciudadanos marroquíes para que, a cambio de un "donativo" a la organización, recibieran atención médica gratuita y regularizaran su situación documental en España. Ambas acusadas, detenidas en 2012 a raíz de una denuncia interpuesta por una familia marroquí que afirmaba estar siendo "extorsionada", fueron puestas en libertad bajo fianza, quedando acusadas de un gran número de delitos, por los que se les pide hasta 7 años de cárcel y 5.400 euros de multa. La defensa pedirá la libre absolución de ambas al asegurar que no cometieron ninguna irregularidad. Este martes comienza en la sala primera de lo Penal de los juzgados de Melilla el proceso contra las dos mujeres detenidas en 2012 por la Policía Nacional, acusadas de falsedad documental, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y extorsión, en el marco de la operación "Turco", relacionada con la gestión de una ONG supuestamente fraudulenta.

Esta ONG, llamada "Mujeres por la Igualdad", supuestamente habría defraudado al Estado (según estimaciones de la Jefatura Superior de Policía en nuestra ciudad) aproximadamente 600.000 euros.

Durante los años 2009 al 2011, por parte de la UCRIF de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de que la ONG "Mujeres por la Igualdad", a través de su presidenta y su tesorera, conforme a un plan preestablecido, y desde el despacho que el partido político CpM tiene asignado en el edificio del Ayuntamiento de la ciudad (el cual constituía la sede de la Asociación), solicitaban dinero a inmigrantes, algunos con problemas de salud, para agilizarles los trámites para la concesión de un salvoconducto que le permitiera viajar a la península y así recibir asistencia médica gratuita.

Por ello, y utilizando como cobertura la Asociación, gestionaban a través de la Delegación de Gobierno a la persona en cuestión, el salvoconducto para poder viajar, cobrando al beneficiario del documento una cierta cantidad de dinero como "donativo".

Extorsión frente a inocencia
Al parecer, todo comenzó con una denuncia interpuesta por una familia que habría logrado dichos salvoconductos y que después habría sido presuntamente extorsionada para pagar una importante suma de dinero a cambio.

El responsable de comunicación de la Jefatura Superior de Policía en 2012 ya informó en su día del procedimiento que utilizaba esta supuesta red para sus actividades: las personas enfermas contactaban con ellas directamente, o les eran remitidas por personas afines a esta ONG; después, tras realizar los trámites necesarios para la obtención del salvoconducto, desde la ONG les daban las indicaciones oportunas sobre qué es lo que debían hacer al llegar a su destino, con la finalidad de obtener de forma gratuita el tratamiento médico que necesitaban.

Los viajes a la Península de los enfermos o, en ocasiones, de personas que decían estarlo, se enmascaraban con citas en clínicas privadas donde, supuestamente, iban a costearse los tratamientos médicos de sus propios bolsillos. Sin embargo, la realidad era que no acudían a dichas citas, y sí lo hacían a los servicios de urgencias de la Sanidad Pública, inmediatamente después de haberse empadronado como si de inmigrantes irregulares se tratara, ocultando el salvoconducto.

En algunas ocasiones fingían que el inmigrante tenía una enfermedad, falsificando el escrito en el que solicitaban el salvoconducto y los informes médicos, para que la Delegación de Gobierno permitiera al inmigrante poder viajar a la península y empadronarse, regularizando así su situación en España.

Desde la Fiscalía destacan que gran parte de las personas respecto a las que se le otorgó el salvoconducto aprovecharon dicha circunstancia para regularizar su situación en la península de manera definitiva, no habiendo retornado a su país de origen.

En las actuaciones constan hasta un total de 29 salvoconductos supuestamente fraudulentos, que serán objeto de revisión durante el proceso judicial. Las acusadas se enfrentan hasta 7 años de prisión y 5.400 euros de multa a petición de la Fiscalía. En cambio la defensa, que lleva el letrado Rachid Mohamed Hammú, del Despacho de Abogados Lazaar, solicitará la libre absolución de ambas al sostener que ninguna de las dos mujeres cometió irregularidad alguna.

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Fernando Lamas Moreno

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