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Unidos Podemos registra varias preguntas al Gobierno sobre el “contrabando” en Melilla

Juan López Uralde

El diputado de Equo Juan López de Uralde, perteneciente al Grupo Parlamentario del grupo parlamentario Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentado una batería de preguntas al Gobierno de la Nación "relativas al contrabando de mercancías en Melilla", para conocer cuál es la postura el Ejecutivo de Sánchez sobre esta materia. Juan López de Uralde, antes de las preguntas, expone en el escrito registrado en el Congreso y que ha facilitado Equo Melilla, que "desde hace años en las ciudades de Ceuta y Melilla se realiza una actividad alegal llamada de forma oficial "comercio atípico", que no es más que contrabando de mercancías por una frontera exterior de la Unión Europea a un tercer país".

El parlamentario verde indica que por norma general este tipo de actividades son controladas por los países receptores del contrabando y no por el país de donde sale, ya que el quebranto económico le afecta al primero y no al segundo. "En este caso las beneficiadas son las haciendas locales de las ciudades de Ceuta y Melilla que a través de los impuestos locales del IPSI recaudan un porcentaje del valor de esa mercancía transportada" apunta Uralde.

Sin embargo, asegura que en el caso de Ceuta y Melilla esta situación alegal llega más lejos. "Miles de porteadores en su mayoría mujeres cruzan la frontera diariamente para trabajar en el trasiego de grandes fardos, de 50 Kg o más, de mercancía de contrabando que portan en sus espaldas" dijo el diputado de Unidos Podemos perteneciente a Equo. "Esta actividad -añade- no se hace de forma personal o esporádica, sino que son organizadas a través de empresas que compensan económicamente a estos porteadores por cruzar la frontera con el fardo a la espalda y entregarlo al otro lado de la frontera, siendo el destino de la mercancía el mercado marroquí de productos y no el uso personal o familiar de la persona que porta el fardo".

En este sentido, apunta que si atendemos a nuestro ordenamiento jurídico nos encontramos en una grave situación de explotación laboral, ya que los porteadores realizan un trabajo por cuenta ajena sin ningún tipo de contrato, nómina, ni beneficios sociales, además en unas condiciones incompatibles con la seguridad en el trabajo.

Esta actividad, prosigue, "no se realiza de forma oculta ni sumergida, sino más bien de forma alentada y organizada desde las propias instituciones de la ciudad y del Estado". "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -asevera- son los encargados de organizar en los pasos fronterizos el flujo de contrabando: dando las instrucciones oportunas, manteniendo el orden en las entradas-salidas, cuidando que la situación no se desborde e incluso aplicando los primeros auxilios cuando existen heridos en las avalanchas".

Juan López de Uralde manifiesta en su moción que "a pesar de esta situación realmente ilícita el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha anunciado la construcción de un llamado "Centro de Distribución de Mercancías" en el paso del Barrio Chino por donde se realiza principalmente esta actividad, por el valor de 5,4 millones de euros, que según las propias palabras del presidente de la ciudad es para "dignificar el trabajo de los porteadores". En definitiva se trata de facilitar aún más la organización de esta actividad ilegal de explotación laboral"
Además, indica que el propio Presidente ha anunciado la colaboración del Estado en esta obra con terrenos, presupuesto y desvío de carreteras estatales, además del uso de la empresa estatal TRAGSA en la construcción de dicho proyecto.

Por ello, el diputado de Unidos Podemos realiza las siguientes preguntas la Gobierno de la Nación: "¿Colaborará el Estado en este proyecto? ¿Dará permiso el Gobierno en la instalación de un proyecto de esas características y para esa utilidad en una frontera exterior europea? ¿Asumirá el Estado algún tipo de gasto para la construcción de este proyecto? ¿Tiene la empresa pública estatal Tragsa encomendada la realización de dicha obra? ¿Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a colaborar en la organización del flujo de porteadores de contrabando desde el llamado "centro de distribución de mercancías"? ¿Reconocerá el Gobierno a los porteadores y porteadoras como trabajadores por cuenta ajena tal y como reconoce nuestro ordenamiento jurídico laboral?".

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Redacción

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