La negativa de la dirección a permitir la participación de un total de 6 asociaciones contrarias a Margarita López Almendáriz en la elección de un nuevo presidente de la CEME, enarbolando como justificación para ello el cumplimiento de los estatutos, ha provocado un terremoto interno, dado que los empresarios perjudicados denuncian que es precisamente el flagrante incumplimiento de los estatutos lo que ha marcado la gestión de la CEME a lo largo de las últimas décadas. Los empresarios afectados, que iniciarán medidas legales, consideran que la única razón por la que están siendo excluídos es que la actual presidenta en funciones quiere unas elecciones “a medida”. El grupo de empresarios pertenecientes a la CEME que, tras sentir cercenados sus derechos fundamentales al impedírseles el voto en las próximas elecciones, ha nombrado un abogado para demandar a la actual dirección de la patronal, bajo el mando de Margarita López Almendáriz, ha comenzado a airear los “trapos sucios” de la entidad, cuya gestión a lo largo de las últimas décadas ha venido marcada por un gran número de irregularidades.
Para empezar, los empresarios arrojan la sombra de la sospecha incluso sobre los propios integrantes de la Asamblea General Extraordinaria que, se supone, pueden votar, ya que -siguiendo lo estipulado en los estatutos- la Asamblea General que se conformó antes del 11 de julio de 2014 y aprobó el cargo de Margarita López Almendáriz ya no tendría vigencia ni legitimidad alguna, al haber finalizado el periodo de 4 años de mandato, según lo estipulado en el artículo 27 de los estatutos.
En definitiva: la Asamblea actual ni es legítima, ni representativa, ni cumple con los estatutos que pretende esgrimir para evitar el voto de ACOME y Hostelería, entre otras.
Otra de las quejas más recurrentes versa sobre la negativa constante de la dirección de la CEME a facilitar las actas de las reuniones, así como a aportar documentación formal que acredite cuál es la situación de las cuentas, qué empresas o asociaciones han pagado sus deudas o cuándo se ha emitido exigencia alguna en tal sentido.
Veto a los nuevos
Los empresario recuerdan que, desde que el pasado 26 de julio se aprobara la incorporación de las nuevas asociaciones a la CEME (entre ellas ASEGEP y SODEMEL), y en virtud del artículo 8 del estatuto de la patronal, estas asociaciones son “miembros de pleno derecho”, independientemente de que la cuota que se fije según lo dispuesto en al artículo 15 de dicho documento.
Los empresarios atribuyen la reacción de la presidenta de la CEME a un intento desesperado por “agarrarse al sillón”, tras varias décadas durante las cuales nadie había presentado una candidatura alternativa, y creen que está tratando por todos los medios de “montarse” un proceso electoral a su gusto.
En teoría, mientras que no se haya impuesto -de forma legal- la obligación de contribuir con una cuota, se debe considerar que las nuevas incorporaciones cumplen con sus obligaciones, puesto que no deben nada y, por ende, no se les puede despojar de su derecho a participar en los órganos de Gobierno.
También se critica duramente el hecho de que López Almendáriz exija ahora como requisito fundamental para participar en la elección de un nuevo candidato el estar al corriente de pago, cuando en todas sus reelecciones anteriores no se había impuesto tal requisito pese a que la deuda existía.
La realidad es que la dirección de la CEME lleva años vulnerando los estatutos y cometiendo irregularidades (que, por cierto, han implicado multas que los miembros han contribuido en pagar), hasta el punto de no haber reflejado en los presupuestos ni las cuotas correspondientes a cada Asociación; cuotas cuya satisfacción ahora exige para no excluir a las empresas contrarias a la dirección de la próxima votación.
Los empresarios acusan a la presidenta Margarita López Almendáriz de retorcer los Estatutos de forma torticera “para intentar justificar lo que a todas luces es injustificable y no ajustado de derecho”.
