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Miranda insta a anular la orden extraordinaria de escolarización que califica de “tropelía”

Antonio Miranda, consejero de Educación

El consejero de Educación, Antonio Miranda, insta a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) a que anule la orden extraordinaria de escolarización porque "es ilegal y una tropelía", y advierte de que al no seguir lo que marcan las normas, podría estar incurriendo en los delitos de "prevaricación y malversación" al escolarizar a niños sin documentación. De "tropelía" ha calificado el consejero Antonio Miranda la orden extraordinaria de escolarización que el 21 de septiembre la Dirección Provincial envió a la red de centros, instando a la escolarización de "700 alumnos" pendientes, dice, de presentar la documentación necesaria y todo ello, "amenazando a los centros".

Boletín
Esta orden, según el consejero, va en contra de lo que recoge el BOE de 2018 que establece los criterios a aplicar en el proceso de escolarización de alumnos en todos los tramos educativos en las dos ciudades autónomas. Lamentó, en este sentido, que el inspector y ex director provincial de Educación, Miguel Heredia, haya sido retirado "por motivos políticos" de este proceso de selección, porque "es una persona que conoce perfectamente esta problemática".

En este boletín se detalla la documentación que es necesario aportar para la escolarización de cualquier estudiante, como es la acreditativa del domicilio de residencia, DNI o Tarjeta de Residencia, certificado de empadronamiento coincidente con el domicilio familiar; en determinados casos, documentación acreditativa de movilidad forzosa, o violencia de género; justificación de la renta familiar o de renta mínima de inserción, y de ser necesario, certificado de familia numerosa o de discapacidad.

Con la nueva orden "lo que hace el MEFP es no cumplir con nada de esto", según Miranda, que denuncia además que no se ha convocado a la Comisión de Escolarización para ver estos expedientes, un órgano en el que están representados la administración central, los sindicatos, los directores de centros y la propia Ciudad Autónoma.

Considera el consejero que aprobar esta nueva orden sin ni siquiera estudiarla en comisión, "ha sido una decisión equivocada que perjudica a la educación en Melilla y tendrá consecuencias graves para el sistema educativo de la ciudad".

Anulación
Por todos estos motivos, Miranda pide que se anule dicha orden "porque es ilegal" y entiende que tras esta decisión se encuentran tres personas que deben asumir una serie de responsabilidades educativas, administrativas y políticas, como son la delegada del Gobierno Sabrina Moh que es "profesora de música; el director provincial, Juan Ángel Berbel que es director de un instituto y la secretaria general del PSOE en Melilla, Gloria Rojas, que es profesora del campus".

Afirma que estas tres personas "que acaparan esta decisión política, no han hecho una reflexión profunda para ver la atrocidad que se comete" con esta nueva orden, como es la de aumentar "las ratios que son ya de por sí ilegales, y que trae consigo unos gastos de personal y profesorado que faltan. Con esta escolarización forzosa la labor del profesorado va a ser muy difícil".

Afirmó que desde la Ciudad Autónoma "apoyaremos a los profesores en lo que podamos y a los padres que se sienten perjudicados por esta adscripción de centros", porque señala que son muy numerosos los progenitores que no han podido escolarizar a sus hijos en el centro más cercano a casa o que incluso tienen a sus hijos repartidos en varios colegios y que ahora ven como "van a meter a alumnos sin documentación e ilegales, en estos centros".

Estudiar, en su país
Al consejero no le valen los argumentos de la Dirección Provincial, como que los hijos de los trabajadores transfronterizos se puedan matricular en los colegios de Melilla porque afirma que mientras estas personas tienen contratos de trabajo, sus familias y sus hijos no viven en la ciudad, sino en Marruecos. "No están ni empadronados, ni tienen tarjeta de residencia. No tienen derecho a escolarizarlos aquí. Estos niños deben estar en su país, y hay que tener mucho cuidado con este tipo de escolarización porque puede ser prevaricación y malversación", dijo.

Señala que esta orden debe anularse e insistió en que los niños extranjeros deben estudiar en su país y dijo que no hay que confundir esta situación con la de los menores extranjeros no acompañados tutelados por la Ciudad Autónoma, que sí deben estar escolarizados en Melilla.

Anunció Miranda que esta semana se traslada a Madrid para tomar parte en una comisión política de su partido, a la que acudirán los consejeros de Educación de las distintas autonomías gobernadas por el PP, para hablar de la situación de la educación en Melilla.

Miranda pide a la delegada del Gobierno que "recapacite, porque esto es un mal para Melilla, con unas trascendencias muy negativas".

Las declaraciones desafortunadas de C´s
Por último acuso al portavoz de Ciudadanos, Eduardo de Castro de hacer unas declaraciones "desafortunadas" por asegurar que las becas de 400 euros es dinero que "se despilfarra" o que las familias se lo gasten "en comprar ropas o joyas". Miranda explica que las bases del programa de becas son públicas y que se está hablando de una "ayuda importante para la adquisición de libros de texto, en especial para las familias más humildes". Considera que con sus manifestaciones, De Castro "insulta a muchos padres y madres de alumnos, y debe pedir perdón". Estas becas ayudan a 2.500 niños, incluyendo a las 22 familias que reciben el salario social o IMI, que "no creo que estén para tirar cohetes o comprar joyas". Afirma que el proceso tiene sus filtros y controles, por lo que le insta a denunciar si hay alguna anomalía.

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Jesús Andújar

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