La decisión del MEC debe ser revocada de inmediato y acabar con esta alarma que se ha provocado entre una ciudadanía que asiste incrédula ante una orden de escolarización de cientos de niños que podrían "reventar" la actual capacidad de los centros educativos de Melilla
El escándalo de la escolarización masiva de estudiantes que están en Melilla en situación irregular va a causar una gran perjuicio para la calidad de la enseñanza de los 18.000 alumnos melillenses, que verán aumentados la ratio de sus clases, ya de por si saturadas, con unos nuevos compañeros que requerirán una atención especial del profesorado al no conocer éstos el castellano.
El director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, reconocía ayer que eran al menos 200 alumnos en situación administrativa irregular -otras fuentes aumentan esta cifra a 300-, aunque añade a continuación que "han demostrado arraigo" después de pedirles "cualquier documento que acredite que esa persona efectivamente reside en Melilla": la tarjeta sanitaria, contratos de trabajo, facturas de luz, datos fiscales, etc.
Pero Juan Ángel Berbel, en su rueda de la prensa a las nueve de la mañana, iba más lejos incluso y abría la posibilidad para que los hijos de los trabajadores transfronterizos también puedan ser aceptados en los colegios de Melilla. Algo que, de producirse, ya sería acabar con la escuela pública si tenemos en cuenta que cada día pasan a la ciudad 5.000 trabajadores fronterizos, pertenecientes en su mayoría a los gremios de la construcción, los servicios y las auxiliares de hogar.
Unas manifestaciones que llevaron al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, a poner el grito en el cielo destacando la gravedad de estas palabras del representante educativo del PSOE: ello supondría la "marroquinización de Melilla". "Hablamos de 5.000 niños a un hijo por transfronterizo, o 10.000 si son dos hijos", advirtió el presidente.
Cuando prácticamente terminaba el día, a las 23.44 horas, el director provincial del MEC, consciente él, la delegada del Gobierno o la mismísima ministra por el revuelo causado con sus palabras, rectificaba y aseguraba que "durante el período de escolarización, no se ha matriculado a un solo alumno que no cumpliera con los requisitos legales" y aseveraba que "los hijos de trabajadores transfronterizos no han sido ni serán matriculados por no cumplir el requisito de residir en Melilla. Por definición, el propio tipo de contrato implica que los trabajadores son residentes en Marruecos y, por lo tanto, sus hijos no serían sujetos de escolarización en Melilla, sino en su país de residencia". Se trata de un "bandazo más" de los que nos tiene acostumbrado el Gobierno del socialista Pedro Sánchez Castejón, en esta ocasión con una cuestión muy delicada como es la educación de los melillenses.
El escándalo de la escolarización masiva de irregulares no sólo ha provocado la reacción enérgica del Gobierno de Melilla (PP), que pretende llevar el tema tanto al Parlamento como a los propios juzgados por un presunto delito de prevaricación y malversación del director provincial del MEC por obligar a los colegios a asumir alumnos que no reúnen los requisitos documentales que se exigen, sino también a los sindicatos de enseñanza.
A todos nos gustaría que Melilla pudiera dar Educación a todo el niño del mundo que lo necesite, pero con los recursos limitados que tiene la ciudad, donde los profesores ya soportan una gran carga de trabajo, y lo más grave, el peligro de una "marroquinización" de Melilla como advierte Imbroda, la decisión del MEC debe ser revocada de inmediato y acabar con esta alarma que se ha provocado entre una ciudadanía que asiste incrédula ante una orden de escolarización de cientos de niños que podrían "reventar" la actual capacidad de los centros educativos de nuestra ciudad.
