Está claro que las irregularidades administrativas, ya que las propias Administraciones no han impedido su génesis, requieren soluciones y no una dilatación en el tiempo que agrave más el problema. Pero no es justo que se utilicen como argumento para dar legitimidad a un trato desigual que es anticonstitucional y que afecta e indigna a la mayoría de la población «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Lo dice el artículo 14 de la Constitución Española, en el capítulo sobre los derechos y deberes fundamentales que tenemos quienes vivimos en este país. Una igualdad que suelen promulgar PSOE y Coalición por Melilla, como no podría ser de otra forma, y que ahora, con el escándalo de la escolarización masiva, rompen al pretender que desde los organismos públicos no se trate de igual forma a los melillenses.
Los socialistas, por un lado, no tratan con igualdad a los melillenses si a unos les exige el certificado de empadronamiento para matricular a sus hijos en uno de los centros educativos de la ciudad, siguiendo a pies juntillas lo que dice la norma dictada para todos en el BOE, y a otros no les pide que cumplan tal requerimiento, que es común para todos. Esta diferencia de trato, que dará lugar a que cerca de 200 niños entren en los colegios, ha enfadado, y con mucha razón, a miles de padres melillenses que ven cómo a sus hijos, aportando toda la documentación exigida, les han negado entrar en el colegio que pedían alegando falta de plazas, pero ahora se hace hueco a otros pese a que no cumplen la norma establecida para todo el mundo, como es acreditar la residencia mediante un certificado de empadronamiento.
Coalición por Melilla defiende esta desigualdad, y ahora rescata otra al exigir que se regularicen las viviendas construidas de forma ilegal en los barrios periféricos. Ese es otro problema administrativo que tenemos pendiente de resolver en esta ciudad y que lleva «dormido» varios años. Sin embargo, ahora surge de nuevo porque los cepemistas aducen que ese es el motivo por el que los niños que estaban sin escolarizar no tienen su certificado de empadronamiento. Según CpM, estos niños no son de Marruecos, sino que son de Melilla y viven en casas ilegales que no tienen cédula de habitabilidad, que es lo que imposibilita que sean reconocidas como viviendas y, por ende, se les cierra el paso a ser incluidas en el padrón municipal. La solución para CpM es que se regularicen todas esas casas, donde según este partido viven 10.000 habitantes de Melilla. Ante tal exigencia, cabe preguntarse si es justo que se legalicen casas construidas fuera de la ley a la que se ha ajustado la gran mayoría de quienes viven en esta ciudad para dar un hogar a sus familias, dentro del sistema establecido, y con bastante esfuerzo.
Está claro que las irregularidades administrativas, ya que las propias Administraciones no han impedido su génesis, requieren soluciones y no una dilatación en el tiempo que agrave más el problema. Pero no es justo que se utilicen como argumento para dar legitimidad a un trato desigual que es anticonstitucional y que afecta e indigna a la mayoría de la población.
