La situación que vive la Educación en Melilla se caracteriza por, entre otros problemas, la gravísima saturación de nuestras aulas, con ratios muy por encima de lo que recoge la actual normativa educativa de nuestro país en general y del ámbito de gestión directa en particular. Esta saturación e incumplimiento reiterado de la ley en materia de ratios se remonta a lustros –y ha dado lugar a una constante denuncia de los sindicatos abajo firmantes en numerosos ámbitos y foros- y se ha agravado paulatinamente hasta llegar a una situación insostenible desde ya desde hace algunos años, entre otras causas, por el escaso compromiso de los sucesivos responsables en materia educativa de las diferentes administraciones para sentar las bases y crear las condiciones idóneas para acabar con el problema y adaptar las cifras de alumnos por aula a las exigidas por la normativa.
Esta dañina e indolente dinámica, unida al continuo aumento de alumnos, nos ha llevado a que desde hace algunos años el sistema educativo de nuestra ciudad albergue aproximadamente 1500 alumnos más de lo que permite la actual red de centros en condiciones legales y de calidad, casi sesenta aulas menos de las necesarias. Y así año tras año.
Además, esta reiterada saturación de las aulas lleva aparejado el incumplimiento de otra serie de normas directamente relacionadas con el número de alumnos, como es el caso del espacio disponible en las clases –clara y objetivamente delimitado en la literatura legal-, la atención a la diversidad y un largo etcétera.
Este cúmulo de circunstancias, además de privar al alumnado de su legítimo derecho a una educación de calidad, tiene repercusión directa en un grave empeoramiento de las condiciones laborales del profesorado, que desempeña su labor docente en condiciones de presión extrema hasta el punto de minar su salud y dejarlo en situación de indefensión ante las eventualidades que puedan surgir en el quehacer diario.
Los sindicatos firmantes, representantes del colectivo docente de nuestra ciudad consideramos llegado el momento de plantarnos ante una situación contra la que las diferentes movilizaciones realizadas en los últimos años han dado escaso o nulo fruto.
Por todo ello, y ante la evidencia de que la corrección de la situación pasa por la contratación de más profesorado y la creación de nuevas infraestructuras, exigimos a todas las autoridades implicadas en la educación:
- Cumplimiento de todas las leyes relativas a educación y en todos sus aspectos y ámbitos. Respecto a las ratios, inmediata puesta en marcha de medidas para el cumplimiento de la legalidad vigente al respecto. En tanto no se cumpla, aumentar el número de docentes que debería haber en ese caso y que se elevaría aproximadamente a un número de unos 150-200. Sus resultados deberían conducir a aliviar la presión laboral que sufren los docentes al atender a un número de alumnos, cada uno con sus características, que supera en mucho a lo que marca la normativa y el sentido común para una educación de calidad arbitrando medidas para su ubicación y distribución en las infraestructuras existentes.Toda escolarización debe llevar aparejados los medios económicos, humanos, técnicos y materiales necesarios que en ningún caso empeoren o dificulten las tareas educativas en nuestros Centros, y en ningún caso debe empeorar las condiciones laborales de los profesionales de la enseñanza ni de la comunidad educativa.
- Construcción paralelamente y de forma inmediata de los nuevos centros que la ciudad requiere.
Estos sindicatos estamos a disposición de la Dirección Provincial de Educación para ayudar en la prospección, propuesta y búsqueda de soluciones a la grave situación que las altísimas ratios generan con objeto de dar la mejor respuesta a la legalidad vigente, a la calidad de la educación y, por supuesto, a la defensa de los legítimos intereses de los Trabajadores de la Enseñanza
No obstante, no descartamos ninguna acción reivindicativa ni movilizaciones entre el colectivo docente y ante cualquiera de las instancias implicadas (Ministerio, Ciudad Autónoma, partidos y representantes políticos de los distintos ámbitos), si no obtenemos una respuesta satisfactoria de todas las administraciones a estas exigenciasen un período razonable y, llegado el caso, hará un llamamiento a la sociedad en su conjunto a que se sume a nuestras peticiones, por redundar en beneficio común.
Asimismo, rechazamos cualquier instrumentalización política que se pueda hacer de las actuaciones de los representantes del profesorado por intereses ajenos a la propia mejora de la educación en un tema tan sensible para la ciudad y pedimos que se pongan manos a la obra para solucionarlo.
