El 15 de mayo de 2017 arribaba al Puerto de Melilla un buque portacontenedores con mercancía procedente de China. Entre los contenedores, había un cargamento de bolígrafos de la marca BIC que resultaron ser falsificaciones. La Guardia Civil incautó la mercancía, informó a la marca propietaria de los derechos y procedió a denunciar al acusado por un delito contra la propiedad industrial. Inicialmente, Fiscalía y acusación particular pedían para el acusado -el propietario de la empresa- 2 años de prisión, además de 12.800 euros de multa y 139.360 euros de indemnización por el perjuicio causado a la marca. Finalmente, la pena quedó en 1 año de prisión, 3.600 euros de multa y 10.000 de responsabilidad civil. Un empresario melillense compareció esta semana en la sala primera de lo penal de la ciudad por haber cometido un delito contra la propiedad industrial, al haber sido “cazado” importando desde China bolígrafos falsos.
El acusado tiene una empresa que se dedica a la importación/exportación de mercancía. El 15 de mayo de 2017 llegó a Melilla un buque portacontenedores en el que viajaba la mercancía importada desde China por el acusado: la sección de control fiscal y de fronteras de la Guardia Civil interceptó 84 cajas de cartón, con 80 cajas de 50 bolígrafos cada una (336.000 bolígrafos) y 50 cajas que contenían 400 blíster de 10 bolígrafos cada una (200.000 bolígrafos), todos, aparentemente, imitaciones de la conocida marca “BIC”.
Los agentes pudieron comprobar que el material importado carecía de documentación que acreditara su autenticidad, y procedió a imputar al importador un delito contra la propiedad industrial, dando traslado de lo ocurrido a la empresa afectada, Societe BIC S.A., y su filial en España y Portugal, BIC Iberia S.A.
Los bolígrafos incautados por la Guardia Civil fueron valorados por un perito en 137.110 euros, siendo cifrado en 139.360 euros el perjuicio económico sufrido por la compañía propietaria de los derechos de la marca falsificada.
El Ministerio Fiscal y la acusación particular, representando los intereses de BIC Iberia SA, pedían inicialmente un total de 2 años de prisión para el acusado, más la imposición de dos multas por valor de 6.480 euros, una para el acusado y otra para su empresa. Además, el letrado de BIC Iberia SA solicitaba al acusado el pago de una responsabilidad civil, en concepto de indemnización, equivalente al perjuicio económico establecido por el perito: 139.360 euros.
Pese a la considerable pena solicitada inicialmente por la acusación particular y el Ministerio Público, el reconocimiento de los hechos por parte del acusado propició la llegada a un acuerdo de conformidad, según el cual el acusado sería condenado a un año de prisión (en suspensión, ya que carece de antecedentes), más dos multas de 1.800 euros cada una, una para el acusado y una para su empresa, y un total de 10.000 euros de responsabilidad civil en concepto de indemnización y por las costas derivadas de la acusación particular (5.000 euros).
Además, se acordó la destrucción de todos los bolígrafos incautados y la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada al pago de la multa y la responsabilidad civil.
