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Almansouri propuso “soluciones”, como la contratación en 2019 de 40 técnicos más de Infantil y desdoblar colegios para que abran por la tarde
Almansouri propuso “soluciones”, como la contratación en 2019 de 40 técnicos más de Infantil y desdoblar colegios para que abran por la tarde

CPM acusa al PP de dañar la convivencia y criminalizar a los niños escolarizados

Almansouri cree que la actitud del PP, presentando una querella, “es un atropello en toda regla” porque “en vez de colaborar, ha obstaculizado” en la construcción de nuevos centros educativos, dada la tardanza del instituto y el colegio de Gabriel de Morales

viernes 12 de octubre de 2018, 04:00h
Coalición por Melilla (CPM) acusó ayer al PP de intentar dañar la convivencia de Melilla tras la querella que presentó el miércoles contra el director provincial del Ministerio de Educación por la escolarización de menores sin empadronar, y cree que de esta manera “criminaliza a niños con derechos”. En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda de la Asamblea y diputada de CPM, Dunia Almansouri, dejó claro que los niños que han sido incluidos en la orden extraordinaria de escolarización por la que el PP ha denunciado al director de Educación, Juan Ángel Berbel, “tienen derechos por ser niños y ser residentes en España”.

Por lo tanto, cree que la actitud del Gobierno de Melilla “es un atropello en toda regla”, porque “en vez de colaborar, han obstaculizado”, momento en el que recordó la tardanza de varios en la construcción de nuevos centros educativos, como el instituto del Jardín Valenciano y el colegio Gabriel de Morales, de la que responsabilizó al PP.
También subrayó Almansouri que el PP ha gobernado hasta hace pocos meses en España durante unos años en los que se preguntó qué hizo el anterior director provincial de Educación, el popular José Manuel Calzado, ya que “este desastre educativo” que sufre Melilla “no es nuevo”, sino que “viene muy de atrás”.
Así, recordó que CPM lleva años advirtiendo de que Melilla no tendría los recursos educativos necesarios para atender el índice de natalidad de la ciudad, lo que ha dado lugar a ratios de alumnos por aula muy elevadas, que el año pasado llegaron a 35 en algunas clases de Primaria y 42 en Bachillerato.
Por eso, la diputada cepemista cree que es “vergonzoso” que el PP “venga a denunciar la situación educativa de Melilla y de las ratios” y “dé lecciones de fracaso y abandono escolar porque se han matriculado a 300 niños que estaban en situación irregular”, debido a que el Gobierno autonómico “no ha regularizado” las viviendas que en Melilla no pueden acceder a una cédula de habitabilidad.
Almansouri instó al PP a que lea la ley que obliga a la escolarización de los menores que residen en España, y consideró que la Fiscalía debería haber actuado de oficio en lugar de “mirar a otro lado” cuando estos menores se concentraban pidiendo ir al colegio, lo que llevó al Defensor del Pueblo a instar a Educación a escolarizarlos.

Las medidas de CPM
En cualquier caso, CPM optó por “poner soluciones” en lugar de buscar “culpables claros”, y propuso que la Ciudad Autónoma habilite los fondos necesarios en los Presupuestos de 2019 para contratar a otros 41 técnicos de Educación Infantil en lugar de solo 65, ya que hay 106 aulas de este nivel educativo y todas necesitan este refuerzo para paliar las altas ratios.
También sugirió desdoblar colegios abriéndolos por las tardes, para lo que es necesario contratar al personal necesario, e instó a terminar con el “gran problema de segregación en las aulas”, ya que hay cuatro centros educativos “con el 99,9 % del alumnado de un sector concreto” de la población.

“Deslealtad” de Marín

Almansouri instó al PP a que haga realidad estas soluciones “en vez de saturar más la Justicia” con sus denuncias, y trabaje por la plena inclusión de todos los menores residentes en la ciudad, ya que “es capital humano que tenemos que aprovechar para nuestra sociedad”. Además, reprochó al PP que denuncie la escolarización de menores cuando es “un partido que se dice democrático”, y señaló directamente a su secretario general, Miguel Marín, por su “deslealtad” hacia el Gobierno y los intereses de los ciudadanos cuando es presidente de la Autoridad Portuaria y “depende orgánicamente del ministerio”.