La plataforma Hablamos Español arribó ayer a Melilla en la campaña nacional de recogida de firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular que sirva para blindar la lengua española en las escuelas e instituciones públicas en todo el territorio nacional. Se trata de una proposición de ley admitida en las Cortes en septiembre del pasado año y que deberá recoger 500.000 firmas para ser llevada a debate en la Cámara Baja y, en su caso, aprobada, según han explicado sus impulsores.
La recogida de firmas se inició en diciembre en la Puerta del Sol de Madrid y en un solo día se contabilizaron 30.000 firmas de personas que respaldan la iniciativa. Para la presidenta de la plataforma, Gloria Lago, el apoyo recibido ese primer día es una señal de que "los españoles, cada vez más, están concienciados del problema lingüístico que existe en muchas comunidades" y garantizó que la recogida de firmas se extendería a "todos los rincones de España", incluyendo Barcelona.
Melilla
Ayer llegó a Melilla y según explicó Javier Diego, portavoz de la plataforma en la ciudad, los melillenses fueron muy receptivos y de hecho en apenas en las primeras horas de la mañana, recogieron más de trescientas firmas. Indicó que estas firmas se sumarán a las del resto del país en la campaña que finalizó ayer sábado con las que respaldar esta iniciativa legislativa popular.
Reconoció que una cosa es la recogida de firmas y otra que la iniciativa salga adelante, pero indicó que una vez llegue la iniciativa al parlamento "le toca el turno a las formaciones políticas, que deberán mojarse y dar la cara, pero me da la sensación de que los partidos nacionalistas como Esquerra no la van a apoyar". Entiende que lo que se persigue con esta proposición de ley no es obligar a todos a utilizar el español, sino que en las comunidades con dos lenguas, los ciudadanos puedan utilizar ambas indistintamente a la hora de dirigirse a la administración, "y que los españoles nos podamos mover, expresarnos y comunicarnos por todo el país, sin imposiciones idiomáticas, sino utilizando la lengua común".
Propuesta
La proposición de ley que impulsa la plataforma pretende, por un lado, "garantizar que todos los niños de España puedan estudiar en español, si así lo desean" y, por otro, asegurar "que los hispanohablantes de todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos lingüísticos", algo que consideran que está siendo conculcado en comunidades como Cataluña, Galicia, Islas Baleares, País Vasco y Comunidad Valenciana.
"En Cataluña ya no se puede estudiar ninguna asignatura en español. En el País Vasco se entorpece la elección de la línea en nuestra lengua. En Baleares, Galicia, o Comunidad Valenciana, se aprueban normas que la eliminan de asignaturas clave, disfrazando esta imposición bajo nombres como 'trilingüismo' o 'plurilingüismo'. Quienes llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que detrás de la promoción y conservación de estas lenguas hay intereses políticos y también económicos", aseguran desde la plataforma.
En los folletos que reparten para explicar los objetivos de esta iniciativa se señala que lo que se persigue es que "si quieres, que se pueda estudiar en español en toda España, que en las comunidades con dos lenguas también se use el español en la sanidad, edificios oficiales, documentos, información turística, señales de tráfico; que puedas torular tu negocvio en la lengua que tú quieras; que ser hispanohablante no suponga un impedimento para circular o establecerte en cualquier lugar de España".
