En la madrugada del 2 de marzo de 2015, agentes de la Guardia Civil que se encontraban destacados en la Aduana de Beni Enzar dieron el alto a cuatro turismos tras presenciar cómo circulaban a gran velocidad. Durante el registro, los agentes encontraron 3.900 litros de alcohol de alta graduación (de uso industrial) repartidos en garrafas de 25 litros, una sustancia peligrosa que transportaban sin permiso, y además se percataron de que uno de los coches tenía falseado el número de bastidor. Tras reconocer los hechos por los que fueron denunciados, los cuatro conductores fueron condenados a 6 meses de prisión y 1.440 euros de multa. El conductor del vehículo indocumentado fue condenado adicionalmente a 6 meses de prisión y 1.080 euros de multa. Sobre las 4:20 de la madrugada del día 2 de marzo de 2015, los agentes de la Guardia Civil (de la unidad de resguardo fiscal y fronteras) destacados en la Aduana de Beni Enzar vieron cómo un total de 4 vehículos (todos turismos convencionales) circulaban a gran velocidad por las inmediaciones del paso fronterizo, procedentes del casco urbano.
Los agentes procedieron a dar el alto a los conductores, todos de nacionalidad extranjera y sin antecedentes. Durante el registro de los vehículos, los guardias encontraron un gran número de garrafas de 25 litros, todas repletas de alcohol etílico de alta graduación sin desnaturalizar, una sustancia altamente volátil que se utiliza como disolvente para la industria química en general.
Los vehículos transportaban 600, 1.200, 900 y 1.200 litros de alcohol, respectivamente.
Los agentes, además, descubrieron que uno de los coches interceptados llevaba el número de bastidor “troquelado” y carecía de documentación, de modo que procedieron a denunciar a los cuatro conductores por un delito contra la seguridad vial, por el transporte de sustancias peligrosas sin la preceptiva licencia, y concretamente al conductor del vehículo indocumentado por un delito de falsedad documental.
La Fiscalía, que consideró que el transporte de estas sustancias supuso poner en peligro “la integridad física, la vida y el medio ambiente”, pedía inicialmente una pena de 2 años de prisión más 7.200 a cada uno de los conductores por el delito de riesgo, más otros 2 años de prisión para el conductor cuyo vehículo tenía modificado el número de bastidor.
Sin embargo, el reconocimiento de los hechos por parte de todos los acusados -algunos de los cuales necesitaron de la asistencia del intérprete de los juzgados- propició una considerable rebaja de pena por parte del Ministerio Público, que finalmente pidió para los acusados un total de 6 meses de prisión (el mínimo legal) y 1.440 euros de multa por el delito de riesgo, más 6 meses de prisión y 1.080 euros de multa al acusado responsable de la falsedad documental.
Al carecer de antecedentes penales, los acusados no ingresarán en prisión, dado que la juez determinó para ellos la suspensión de la ejecución de la pena por un plazo de 2 años.
