El 87% de los jueces y el 100% de fiscales de Melilla secundaron la huelga a nivel nacional en el día de ayer para denunciar el “el total ninguneo y desidia” por parte de la nueva ministra de Justicia. Como consecuencia de ello se suspendieron 12 juicios y casi una decena de declaraciones penales de investigados pero se prestaron algunos servicios mínimos. En el manifiesto consensuado con siete asociaciones destacan algunas reivindicaciones como defender una “absoluta” separación de poderes, un Consejo General del Poder Judicial realmente “independiente” y una carrera judicial y fiscal con unas condiciones “dignas”. Carlos Viader, juez del Juzgado de lo penal número 1 de Melilla, señaló que la concentración sirve para visibilizar la huelga que ya realizaron el pasado mes de mayo y denunciar “el total ninguneo y desidia” por parte del equipo de la nueva ministra de Justicia.
En cuanto a si cree que va a cambiar esta situación, apuntó que “la actitud por parte del Ministerio es la de que todo va a seguir igual que estaba, no tenemos consenso y menos con un Gobierno con tantísima minoría”. En este asunto, resaltó que “si no hay consenso es porque ellos no ponen el empeño suficiente, ni este partido ni ningún otro, es desidia de este equipo y del anterior”.
Seguimiento de la huelga
Según los datos del juez decano, Fernando Germán Portillo, el seguimiento de la huelga de jueces y fiscales en Melilla fue de un 100 % de fiscales y un 87 % de jueces. Los porcentajes se calcularon tomando en consideración los jueces y fiscales que están en situación administrativa para hacer la huelga.
Además, destacó que se vieron afectados 12 juicios suspendidos y casi una decena de declaraciones penales de investigados. El Registro Civil se paralizó salvo para inscripciones de nacimiento y defunciones. Al caer en lunes, día donde no se acumulan muchos juicios, no hubo mayores incidencias.
Portillo sostuvo que los servicios mínimos que funcionaron fueron el juzgado de guardia, juzgado de violencia de género y los jueces que estuvieron “atentos a sí entraba alguna medida urgente que sea necesario atender de forma imperiosa”.
Reivindicaciones de jueces y fiscales
El juez del Juzgado de lo penal número 1 de Melilla explicó que el acuerdo entre algunos partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial producen una “situación insostenible” en la carrera judicial. Por ello, piden medios materiales para poder dar una “adecuada respuesta” a los ciudadanos, la derogación de la Ley 324 de Enjuiciamiento Criminal, cargas de trabajo “saludables”, retribuciones “dignas” e incremento del número de plazas de jueces y fiscales.
Ana Vanesa Navas, representante de la Fiscalía de Melilla, expuso que un Consejo General del Poder Judicial elegido por las fuerzas políticas va a generar “siempre dudas sobre la independencia de la Justicia con el riesgo evidente de mermar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en el propio Estado de Derecho”.
