El Tribunal de Cuentas (TCU) aprobó ayer el Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla y sus organismos públicos del ejercicio 2016 tras verificar su Cuenta General de ese año, aunque con numerosos peros, muchos de ellos relacionados con recomendaciones que esta institución realizó en años anteriores sin que la Administración melillense las haya adoptado. El incumplimiento de los plazos es una de ellas. Así, el TCU señala que la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla fue rendida el 31 de octubre de 2017, fuera del plazo establecido del 15 de octubre, y además, no recogía las cuentas de Emvismesa.
Además, señala que, a pesar de lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto y el en Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (TRLRHL), la Ciudad no realizó ningún informe de control financiero ni de eficacia sobre la Administración General de la Ciudad ni sus organismos autónomos.
De igual modo, indica que el Presupuesto General de la Ciudad para 2016 fue aprobado definitivamente fuera del plazo previsto en el TRLRHL.
La política de seguridad de Melilla, aprobada conforme al Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, no se había desarrollado formalmente ni desde un punto de vista técnico ni por sectores de actividad específicos. Asimismo, ni en el ejercicio fiscalizado, ni al cierre del siguiente (2017), la Ciudad no había llevado a cabo la auditoría de la seguridad sobre los sistemas de información que recoge el mencionado Real Decreto 3/2010, señala el TCU.
Tampoco había implantado mecanismos para dar cumplimiento al sistema de supervisión continua previsto en el Régimen Jurídico del Sector Público.
Gastos de otros años
Una de las conclusiones del TCU es que la Ciudad imputó al ejercicio 2016 gastos realizados en ejercicios anteriores, por importe de 4,3 millones de euros. Sin embargo, no imputó a 2016 gastos realizados en ese ejercicio, figurando un saldo de 3 millones de euros en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
Asimismo, señala que la Administración melillense cumplió los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pero no las reglas establecidas para el destino del superávit presupuestario obtenido en el ejercicio anterior.
En cuanto al periodo medio de pago, el TCU señala que se situó fuera del plazo de 30 días que está previsto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Otro de los aspectos que señala es que ha apreciado mejoras en la justificación de los recursos asignados al plan de formación de fondos propios de la Ciudad, pero “se siguen produciendo deficiencias en la acreditación de los gastos subvencionables, como la falta de solicitud de tres ofertas cuando es preceptivo, la acreditación del ingreso de la retención fiscal sobre los rendimientos satisfechos a los ponentes de las acciones formativas o la realización de pagos por los beneficiarios fuera del plazo previsto.
Transparencia
Otro de los aspectos en los que índice es en el Portal de la Transparencia de la Ciudad Autónoma, ya que en el apartado de “información económica, financiera y presupuestaria” muestra diferentes deficiencias.
También señala que la Ciudad Autónoma ha solicitado tan solo el 26,8% de los recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial, “lo que supone dejar de percibir financiación en un periodo caracterizado por la baja inversión pública”. “La importancia de estos Fondos ha ido menguando hasta representar en el ejercicio fiscalizado el 1,4% del presupuesto inicial de la Ciudad”.
Recomendaciones
Por ello, el TCU realiza una serie de recomendaciones, “la mayor parte de ellas incluidas en informes de años precedentes y reiteradas en el presente, dado su insuficiente grado de implantación”.
No obstante, reconoce “avances” en la gestión de los recursos derivados del Impuesto de Bienes Inmuebles. Además, la Ciudad ha continuado con la reducción del número de cuentas bancarias y ha subsanado parte de las carencias que el TCU advirtió en ejercicios precedentes sobre los fondos destinados a los Planes de formación.
