Si tras conocerse la sentencia del caso voto por correo el líder de Ciudadanos (Cs) en Melilla Eduardo de Castro afirmaba que no pedirá la dimisión o el cese inmediato de todos los cargos públicos implicados en el caso hasta que se emita una sentencia firme y condenatoria, dado que en estos momentos “cabe recurso”, hoy rectifica su postura tras las críticas del PP, que denuncia su incoherencia en relación a otros casos como los de María Antonia Garbín y dice que tanto Aberchán como Garbín deben ser apartados de la carrera electoral. En un comunicado de prensa, el portavoz de la formación naranja, Eduardo de Castro, ha querido nuevamente dejar claros determinados aspectos ante lo que considera “la manipulación torticera y la interpretación interesada que algunos han querido realizar en los últimos días”.
En primer lugar, y antes de entrar a valorar en detalle este caso concreto, De Castro ha subrayado que “desde Ciudadanos siempre hemos respetado y respetaremos todas las decisiones que emanen del Poder Judicial, sean o no firmes y se ajusten más o menos a los valores y convicciones que defendemos como formación política, independientemente de las personas o partidos que se puedan ver afectados”.
En el Caso del Voto por Correo, recuerda que de todos los implicados que han sido condenados, la única persona que ocupa un cargo en la Asamblea de Melilla es el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, al que la Audiencia Provincial le culpa de varios delitos electorales continuados y de un delito de falsedad, con una pena de inhabilitación para el sufragio pasivo de dos años y medio.
Independientemente del derecho a recurrir esta sentencia, De Castro insiste en que “todas las formaciones políticas deberían de garantizar la limpieza de los procesos electorales y apartar de las candidaturas que presenten para las Elecciones Municipales y Autonómicas a todas las personas inhabilitadas para el sufragio pasivo, sea éste firme o no”.
En el mismo comunicado, añade que un aspecto que afectaría también al PP de Melilla, cuya diputada en la Asamblea y ex consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, conde-nada por prevaricación continuada, un delito contra la Administración Pública, que, tal y como establece el artículo 6.2.b de la Ley Electoral 5/1985, “no requiere sentencia firme para que se cumpla la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo (ser elegida en unas elecciones)”.
El caso de Aberchán, al no ser un delito contra la Administración Pública y sí un delito electoral, requiere sentencia firme, y no está afectado por el artículo 6.2.b. “Es esta la razón por la que decíamos que seremos más contundentes cuando esta recaiga” ha indicado el político para aclarar su posición. No obstante, en la nota de este domingo destaca que “tanto Aberchán como Garbín deberían estar fuera ya de la escena política desde su imputación, ya fuera por iniciativa propia o por decisión de sus propios partidos”.
Según De Castro, los partidos son los principales responsables de garantizar las instituciones públicas, y proteger a sus cargos solo sirve para empañar aún más la credibilidad de las instituciones a ojos del ciudadano. La opinión del portavoz de Cs Melilla va incluso un paso más: “cualquier político inhabilitado en el ejercicio de su cargo pública por sentencia firme debería ser apartado de la política para siempre”.
Por este motivo, asegura que C’s establece en sus Estatutos que cualquier responsable político debe abandonar su cargo en el mismo momento en que es investigado judicialmente, algo que afirma que el PP no hace “a pesar de tenerlo reflejado en sus Estatutos y su “Código de Buenas Prácticas”.
