La petición de CPM para crear una comisión de investigación sobre las oposiciones a la Policía Local se toparon ayer, de nuevo, con la negativa del Gobierno local. “No hay ninguna irregularidad que investigar”, dijo rotundamente el consejero de Economía, Empleo y Administraciones Públicas, Daniel Conesa, que insistió en defender que los procesos selectivos de la Ciudad Autónoma cumplen “normas muy rigurosas” aprobadas, además, por el mismo Gobierno al que ahora se acusa de “amiguismos” tras las últimas sentencias que dan la razón a varios opositores eliminados en las pruebas psicológicas.
Esta interpelación de CPM, defendida por el diputado Rachid Bussian, acaparó varios de los momentos más tensos del Pleno de Control al Gobierno celebrado ayer. Hasta tal punto, que Conesa reiteró varios momentos sus deseos de que los funcionarios que integran el tribunal de oposiciones a la Policía Local denuncien a Bussian por sus “gravísimas declaraciones”.
“Usted les está imputando un delito de prevaricación”, aseveró Conesa, a lo que Bussian le respondió aclarando que se estaba refiriendo a “lo afirmado por un juez” en las últimas sentencias que han dado la razón a los opositores que recurrieron a la Justicia tras ser eliminados en los últimos procesos convocados.
Además, Bussian también se refirió a las críticas del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla sobre las polémicas oposiciones y la cualificación del equipo asesor que llevó a cabo las entrevistas personales y test psicológicos.
Conesa negó este extremo, recordando que quienes hicieron las pruebas son profesionales del Ministerio del Interior que cuentan con la titulación adecuada, e insistió en que “no se puede poner en duda a los profesionales”.
