Podemos desconfía de que el aumento en la partida que recibirá la Consejería de Bienestar Social en 2019, de más de 32 millones de euros, sirva para erradicar la situación de pobreza o riesgo de exclusión social que padecen muchas familias en Melilla. “La experiencia nos dice que la intención de esta área de Gobierno no es otra que la de restringir el acceso a las subvenciones sociales”, mantiene la secretaria general del partido en Melilla, Gema Aguilar. “Lo cierto es que en esta ciudad la necesidad afecta a muchas personas que se quedan fuera del circuito de ayudas porque se ha endurecido el acceso a las mismas, y no creemos que esto vaya a cambiar porque se vaya a incrementar la partida en un 7,31%”, critica.
En este punto, Aguilar reprocha a Bienestar Social que modificase el reglamento de la Consejería para dificultar las condiciones de la obtención de las subvenciones. “A raíz del nuevo reglamento, los melillenses que necesiten una ayuda social, en vez de llevar tres años empadronados en la ciudad, deberán llevar cinco”, lamenta. Según comenta, este requisito es segregador y discriminatorio, y no atiende a los elementos básicos que se deben tener en cuenta, que son el de la necesidad y la urgencia que atraviesa una persona o una unidad familiar.
Para Aguilar, es “una barbaridad” impedir el acceso a las ayudas a usuarios que realmente las necesitan en base a un criterio de temporalidad. “A una persona que en un momento puntual se ve sin recursos, en paro y con hijos a su cargo no se le puede decir que se siente, pero que todavía no ha cumplido cinco años empadronada en la ciudad autónoma”, manifiesta la dirigente del partido morado.
Analizar el impago de deudas
Además, la dirigente apunta que muchos melillenses se ven limitados porque, tras haber contraído deudas con la Administración Pública, en el caso de no haber podido hacer frente al pago de la sanción, tampoco pueden optar a estas subvenciones sociales. “Hay gente que no puede abonar estas cuantías porque no tienen para vivir y esto tendría que analizarse detenidamente antes de negar la ayuda de una forma tan tajante”, valoran desde Podemos.
Al parecer de Aguilar, el Gobierno local sigue la estrategia de intentar “vender” este tipo de medidas relacionándolas con la inmigración procedente de Marruecos, pero también afectan gravemente a los melillenses. “Esto significa que si una persona nacida en Melilla se marcha fuera para intentar buscarse la vida y luego regresa, si tarda más de seis meses en volver, tendrá que esperar cinco años, aunque su situación sea pésima; o que si arrastra una deuda y no la ha podido pagar, por el motivo que sea, se queda fuera del circuito de ayudas”, denuncia.
