Guelaya presenta alegaciones a los presupuestos de la ciudad para 2019, a fin de lograr su impugnación. Esta es la respuesta que da la organización ecologista a lo que consideran como 4 años de inacción por parte del Gobierno local en ciertos aspectos clave de la parcela medioambiental. Desde Guelaya denuncian que el actual equipo de Gobierno, conformado en 2015, no haya destinado “ni un euro” a planes de protección de especies vulnerables y en peligro de extinción, así como tampoco lo ha hecho para la prevención y el control tanto de la contaminación aérea como de la contaminación acústica, a pesar de contar con informes que establecen la necesidad de tomar medidas sobre ambas. Guelaya ha presentado una serie de alegaciones a fin de impugnar los presupuestos de la ciudad. Desde la formación ecologista afirman que no es de su “agrado” tener que acudir a un mecanismo como la presentación de alegaciones para impugnar los presupuestos, pero se ven obligados a hacerlo debido a que las impugnaciones se basan en reivindicaciones que ya se realizaron con anterioridad a las elecciones de 2015, “que se han planteado en público y en privado en los despachos de la Ciudad durante los últimos 3 años y medio” y que, a pesar de todo, no han sido atendidas satisfactoriamente.
Desde Guelaya recuerdan que sus argumentos son constatables en la hemeroteca; “si se consultan los comunicados sobre la carta abierta al actual consejero de Medio Ambiente en julio de 2015, la valoración del medio ambiente de junio de 2018, y el reciente balance del año 2018” en el blog de la Asociación.
Especies protegidas
Tres han sido los motivos de la agrupación ecologista para alegar. En un caso tiene que ver con la defensa de los hábitat y especies protegidas por la legislación europea y española, y en dos casos se trata de la defensa de todas las personas de la ciudad, que potencialmente sufren los efectos de la contaminación atmosférica y del ruido.
La Ley de patrimonio natural y biodiversidad, de 2007 -recuerdan desde Guelaya- estableció plazos precisos para redactar planes de conservación y recuperación para especies vulnerables y en peligro de extinción, de 5 y 3 años, respectivamente. En Melilla existen una media docena de especies catalogadas de esta forma e incluidas en los catálogos de solicitud de la Red Natura 2000 que la ciudad remitió al Ministerio cuando se creó la citada red, hace más de 15 años.
A pesar de ello, “en ninguno de los 4 años que ha durado el mandato del actual equipo de Gobierno salido de las elecciones de 2015 se ha hecho nada al respecto, es decir, no se ha gastado para este requerimiento legal ni un euro, al igual que tampoco lo hizo el equipo de gobierno anterior a 2015”, denuncia la agrupación.
Contaminación
Sobre contaminación que afecta a los ecosistemas, “pero sobre todo a la salud pública”, Guelaya ha presentado dos alegaciones.
La agrupación ecologista recuerda que el debate sobre la necesidad de registrar la calidad del aire en nuestra ciudad “no es reciente”, y critican que el Gobierno pretenda llevar a cabo las citadas mediciones mediante la contratación de una empresa que “hipotecará los presupuestos durante al menos 2 años, impidiendo al nuevo equipo de Gobierno que salga de las elecciones modificar la política de calidad del aire”.
Así mismo, Guelaya denuncia que el Gobierno pretende invertir dinero para saber si es necesario adquirir los equipos de medición, unos equipos que “todo el resto de CCAA y ciudades han adquirido o licitado ya”. “El dinero que se va a gastar para alquilar los equipos es equivalente a la adquisición de los equipos por parte de la ciudad”, de modo que, finalmente, “costarán el doble de lo que podrían haber costado”.
Guelaya insiste en que la legislación sobre calidad del aire plantea la necesidad de hacer planes para prevenir las consecuencias de las superaciones de los valores legales. En Melilla estas superaciones de los niveles, recuerdan, han afectado a las partículas de distinto tamaño (PM10 y PM2.5) y al ozono troposférico.
Además, los ecologistas argumentan que los ciudadanos tienen el derecho de conocer los niveles de contaminantes, sobre todo la población afectada por enfermedades respiratorios como las alergias o el asma.
“La ciudad está actuando a la defensiva alegando que algunos días se producen niveles altos de partículas de polvo sahariano que no puede controlar pero de la que si puede informar, para que los enfermos tomen medidas preventivas. ¡que consulten con profesionales de sanidad para ver si las partículas afectan o no afectan a los pacientes de enfermedades respiratorias!”, piden los ecologistas, quienes denuncian que el establecimiento de un plan de prevención de calidad del aire “no tiene en los presupuestos 2019 ni un euro como partida específica” a pesar de que ven “altamente necesario” que se destine dinero a tal fin.
Ruido
Tampoco ha servido para nada hasta el momento el esfuerzo económico que se hizo contratando una empresa para la redacción del mapa de ruido de Melilla, por parte del equipo de gobierno anterior, que puso en información pública el informe fechado el 30 de abril de 2014.
En sus conclusiones el informe afirma: “El diseño del futuro Plan de Acción contra el Ruido de la ciudad deberá focalizarse en mejorar el nivel de emisión sonora global de la red viaria, ya que este foco sonoro es el principal causante de la contaminación acústica percibida en la ciudad”. Según el Mapa Estratégico de Ruido de la Ciudad Autónoma de Melilla, existen 26.555 afectados (8.054 viviendas) por ruido entre 65-75dB, 19 centros educativos que incluyen 12.393 estudiantes y un centro sanitario. Igualmente 132 afectados (434 viviendas) están afectadas por ruidos por encima de 75 dB.
La agrupación ecologista recuerda que estos datos son ya de hace 5 años, a lo largo de los cuales la causa del ruido, el tráfico motorizado, “ha aumentado año tras año con el parque motorizado”, por lo que la tendencia en la contaminación acústica “no debe ser a la baja sino al alza”.
Guelaya denuncia que, pese a que los datos se conocen desde 2014, no se ha destinado ni un solo euro a la implementación de un plan de acción contra el ruido con partida finalista, “porque las partidas cajón de sastre con más de un millón de euros que se titulan ‘otras actuaciones’ se han incluido en años anteriores, así como partidas para gastos imprevistos, y no se ha gastado nada en estos asuntos” que son, a juicio de la Asociación, requerimientos legales a los que la ciudad tiene la obligación de responder, cosa que no ha hecho en los últimos 4 años.
