La exconsejera de Bienestar Social de Melilla María Antonia Garbín, condenada a 10 años de inhabilitación especial para el ejercicio de este cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa, ha renunciado a los cargos orgánicos que tenía en el PP regional, aunque mantendrá su acta de diputada en la Asamblea. A preguntas de los periodistas, el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, explicó que, tras hablar con Garbín, “ella misma se ha ofrecido” a dejar los cargos orgánicos que tenía en el PP, donde ostentaba la Vicesecretaría de Acción Sectorial, decisión que será comunicada en el próximo Comité Ejecutivo.
Esta renuncia no incluye el acta de diputada en la Asamblea de Melilla, sobre la que Imbroda recordó que la sentencia de la Audiencia Provincial “no dice” nada al respecto, y aclaró que se trata de un puesto cuya propiedad corresponde a quien lo ostenta aunque esté dentro de una formación política.
“Cada uno es propietario de ese cargo. Yo no puedo cesar a nadie de diputado, legalmente es imposible. Cada uno tiene que decidir lo que tiene que hacer”, explicó Imbroda antes de comentar que, en cualquier caso, “quedan cuatro meses y pico para la próxima convocatoria electoral”.
“Estamos al final de la legislatura. Vamos a esperar a las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina y nada más”, instó Imbroda, que dijo no saber si la renuncia de Garbín a sus cargos en el PP también afectaría a su puesto como portavoz adjunta del grupo parlamentario en la Asamblea de Melilla, ya que no habían hablado de este cargo, aunque supuso que “no hay ningún problema” para ello.
El presidente reiteró que respeta cualquier decisión judicial porque cree en la democracia y en el Estado de Derecho, pero como compañero de Garbín le ha vuelto a expresar su apoyo en este asunto, ya que se trata de una “prevaricación administrativa”, que “es un tema administrativo de entender o no las normas” y “ahí no hay nada de corrupción”.
Imbroda subrayó que Garbín “ha trabajado mucho por la ciudad y por el partido” y “no se va por llevarse dinero”. “Si no, estaríamos hablando de otra cosa y yo estaría hablando de otra manera”, afirmó.
La renuncia de Garbín tampoco es por “malversación, ni cohecho ni nada”, sino por una “prevaricación administrativa”, un delito que a juicio de Imbroda debería estar dentro del Derecho Administrativo más que en el Penal.
